Creo que antes de pasar a comentar otras cosas, voy a publicar un sinnúmero de perlas cocechadas, de éste ilustre ciudadano y su gran revolución ciudadana.
Sus colaboradores, la mayoría de ellos, interesados aduladores, tienen su pedacito en las fecundas y magnánimas obras de este gran gobierno, ese que se dice "de las manos limpias", de "las mentes lúcidas y los corazones ardientes."
Trataré de ponerlas en orden cronológico (son tantas, que no aseguro nada). Que sea el lector, quien juzgue a esta revolución. Lo importante es desempolvar esas viejas memorias que tanta nostalgia nos traen. El pueblo ecuatoriano tiene un problema de demencia selectiva. Olvida rápidamente tanta porquería. Supongo que es un mecanismo de defensa del ego ecuatoriano.
Mientras tanto, y gracias al daño mental que ocasiona una cansina propaganda oficialista, me voy a despedir de todos de la misma manera como lo hacen los varones del socialismo del siglo XXI:
"Con un abrazo bolivariano, y un fraterno saludo revolucionario, hasta la victoria siempre"
La "partidocracia" rodea a Correa
Publicado el 27/Septiembre/2008 00:27
El mandatario confesó que colaboró en campaña del PSC a sus 15 años; de sus 27 ministros, al menos 13 tienen vínculos con el pasado.
El presidente Rafael Correa acuñó el término "partidocracia" en su discurso electoral de 2006 y ese ha sido el concepto más reiterado por su entorno en la actual campaña, para contraponer su idea de cambio desde el Sí a una imagen del viejo poder que supondría el No y el Nulo, en el referendo de mañana.
Y ese discurso se reitera aun cuando en su propio círculo de colaboradores y aliados hay actores que han sido parte de ese pasado, en una larga lista que empieza por él mismo. En la cadena radial del sábado 20 confesó haber colaborado con la campaña socialcristiana de 1979, repartiendo material publicitario -a sus 15 años- cuando todavía no tenía "conciencia política".
Entrados los años, la figura de Rafael Correa se hizo pública como ministro de Economía de Alfredo Palacio, quien sucedió a Lucio Gutiérrez en 2005. Pero no fue su estreno en la función pública: en el Gobierno "neoliberal" de Sixto Durán Ballén (1992-1996), el presidente colaboró en el programa MEC-BID del Ministerio de Educación. Pero la relación con el Gobierno de Palacio es un punto de inflexión en el discurso antipartidocracia. En la tarima, Correa casi no habla de él y su Administración, de la cual heredó varios ministros: Raúl Vallejo en Educación, Galo Chiriboga (de ministro "comodín" de Palacio a negociador de importantes contratos petroleros), Isabel Salvador (repitió Turismo y luego pasó a Cancillería) y Derlis Palacios (de Obras Públicas a Coordinador de Sectores Estratégicos). Entre los 27 ministros actuales, al menos 13 revelan vinculaciones con "el pasado". El ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, fue ministro de Bienestar Social de Rodrigo Borja (ID); Raúl Vallejo también ocupó Educación en ese Régimen; el ministro de Transporte, Jorge Marún, fue titular de Industrias de Abdalá Bucaram, diputado y prefecto de Los Ríos del PRE. Gustavo Larrea, ministro de Seguridad, colaboró con el "bucaramato" en calidad de subsecretario de Gobierno. Su relación con el PRE empezó en el Congreso como diputado del APRE de Frank Vargas. De esa alianza también participó el actual gobernador del Guayas, Leonardo Vicuña, quien asesoró a ese Gobierno. Ricardo Patiño, primer ministro de Economía y ministro coordinador de política del actual Régimen, fue asesor legislativo cuando su hermano Raúl era diputado por el Partido Socialista (1990). Hoy ese rol se ha revertido: el ex legislador "moviliza" fuerzas de Alianza País en Guayas. Raúl Patiño también fue ministro de Gustavo Noboa, quien sucedió a Jamil Mahuad (DP). La ministra coordinadora de Patrimonio, Dorís Solís, fue titular de Turismo de Lucio Gutiérrez (PSP). En ese Gobierno fue subsecretario el ministro de Industrias actual Xavier Abad. En el gutierrismo ingresó al Conelec el principal de Electricidad, Alecksey Mosquera, mientras, Augusto Barrera, enlace de la Asamblea y Ejecutivo, coordinó las Mesas de Diálogo por Pachakutik.¿Alfiles del PSC y PRE?Aunque el presidente Rafael Correa ha apuntado la mayor crítica al Partido Social Cristiano (PSC) y a su ex líder León Febres Cordero, el mandatario se ha apoyado en la parte legal en un colaborador cercano del ex presidente y ex alcalde del Puerto Principal: el abogado guayaquileño Alexis Mera Giler. El actual secretario jurídico de Presidencia es considerado como uno de los "alfiles" del Gobierno y el "arquitecto" del modelo de poder que plantea el proyecto de Constitución.Mera, desde 1993 a 1997, estuvo en la Alcaldía de Guayaquil. Luego asesoró al titular de la Corte Suprema, Héctor Romero, de 1997 a 2000. Solo a Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, se le atribuye mayor influencia que Mera. Al supuesto "cerebro" propagandístico del Régimen, se lo vincula profesionalmente con la cúpula del PRE por su trabajo en marketing. (LB)
Cargos clave: Organismos de control: La Asamblea de mayoría oficialista aprobó el Mandato que encargó la titularidad de los organismos de control y mantuvo parcialmente la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Carlos Pólit: El contralor fue gobernador y ministro de Lucio Gutiérrez. Washington Pesántez: El fiscal fue asesor de la ex ministra fiscal Mariana Yépez. Claudio Mueckay: El defensor del Pueblo fue nombrado por el Congreso por aclamación de bloques. Juan Cevallos: Vocal del TSE fue designado por la Asamblea en lugar del vocal de la DP. Cevallos fue asesor de Ramón Yulee, secretario del Régimen de Jamil Mahuad de la DP. Embajadores: El ex diputado y dirigente de la ID y PRE, Nicolás Issa Obando, es embajador del Ecuador en España. Su hijo (el junior) también ocupa un prominente cargo. El ex directivo "naranja" Efrén Cocíos representa al país en la OEA. Banco Central:Carlos Vallejo, presidente del BCE, fue diputado del Prian, ministro de la Democracia Popular (DP) y principal del Congreso por el mismo partido. IESS:Ramiro González, presidente del Instituto, fue prefecto por la Izquierda Democrática.
La Constitución
Nos ofrecieron una nueva política, un país que renacía desde una revolución ciudadana, en que las “élites corruptas” y la “partidocracia” cederían ante el surgimiento de un país político distinto, renovado, pluralista; nos ofrecieron democracia, división de poderes; no ofrecieron dejar atrás las rémoras del caudillismo y la manipulación; nos ofrecieron cambio, comportamientos que no violaran las normas convenidas; nos ofrecieron un nuevo discurso político, elevar el debate, erradicar la prepotencia desde el poder; nos ofrecieron participación, organismos de control independientes; nos ofrecieron un debate constitucional y no la obediencia de una seudo mayoría que alzó la mano cuando le impusieron (salvo contadas excepciones en AP).Nos ofrecieron una Constitución que sea un proyecto de vida para el futuro, un proyecto en común de largo plazo, no un texto aprobado de manera irresponsable, al apuro, sin respetar acuerdos realizados, cambiado a última hora por orden presidencial, aprobado sin debate, forjado sin consenso; nos ofrecieron construir democracia, rehacer la patria desde un proceso participativo. ¿Eso fue lo que nos ofrecieron y qué recibimos? Luego de ocho meses de labores que se iniciaron con violaciones constitucionales y al propio Estatuto, luego de miles de palabras, promesas, lirismo y cruda demagogia, se nos entrega un proyecto de Constitución impuesto, un texto hecho a mil por hora, un texto que en su mayoría no fue discutido en el Pleno, que era el lugar del debate verdadero; recibimos, en fin, otra oportunidad perdida, otro intento fracasado.Claro, nos dirían que miles de personas visitaron la Asamblea e hicieron propuestas, nos dirán que las encuestas les favorecen y que el Presidente que les lidera tanto como les impone y humilla está conectado por el pueblo y ha sido escogido por la providencia para refundar el país y reproducir las prácticas que ataca sin que nadie se dé cuenta -vaya, rey desnudo-; nos cubrirán de demagogia y verborrea pero al final nadie podrá demostrar, ni con mil cadenas nacionales, que hubo un verdadero debate constitucional en el país, debate que debía darse en el Pleno, insisto, y en que debía incorporar posiciones ciudadanas más allá del cabildeos particulares. Acaso escuchamos un gran debate sobre el modelo económico; acaso se discutieron las razones del nuevo hiperpresidencialismo; acaso salieron los asambleístas del MPD a defender los por qué de su modelo centralista de educación. No escuchamos nada de eso, el gran debate nunca se dio. Había apuro, se debía terminar, fue la orden que vino desde Carondelet… Al final, el resultado es un proyecto de Constitución impuesto, impuesto a los propios asambleístas e impuesto al país; lo que debía ser fruto de un consenso general resultó un empacado del señor Alexis Mera y nada más.
----------------------Bustamante, el ministro que olvidó su ideología
Septiembre 28, 2008 por Manuela Botero
Allegados al ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, no lo reconocen. Desde que se sumó al proyecto del presidente Correa, dicen, ha pasado de acérrimo defensor de los derechos individuales a respaldar actos considerados arbitrarios, como la represión en Dayuma y el plan que permite intervenir diálogos telefónicos o correos electrónicos.
Allegados lo consideran como el legitimador de la política de represión en este Gobierno. Antes de vincularse al Gobierno, Fernando Bustamante Ponce había sido un acérrimo defensor de las libertades individuales y de la obediencia a las normas, en la teoría –como académico y docente–, y como ciudadano activo, en la práctica. En los juzgados de Quito hay tres procesos emprendidos por el actual Ministro de Gobierno y Policía por causas relacionadas con la defensa de su derecho a la privacidad, algunos de los cuales continuaron cuando ya estaba vinculado al gobierno del presidente Rafael Correa. Dos son contra bancos (el Banco Internacional y M.M. Jaramillo Arteaga) y el otro es un recurso de hábeas data presentado el 7 de noviembre del 2005 contra el ciudadano Diego Jaramillo, desde cuyo celular el actual Ministro recibió mensajes ofertando promociones de un local comercial. En la providencia, Bustamante señala: “este tipo de publicidad abusiva viene a interferir con mi derecho civil a la intimidad personal y familiar consagrado en el numeral 8 del artículo 23 de la Constitución Política”. Ahora, dicen ex colegas, el ministro se desdice de sus anteriores convicciones. Tanto que casi no lo reconocen. Sus colegas docentes en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) lo tenían como un liberal a ultranza, un contestatario contra la represión del Estado y un defensor del Derecho. Por eso están sorprendidos de “que ahora no puede procesar pacíficamente ningún conflicto”, dicen. Ahora le critican el apoyo a los actos populistas del Gobierno frente al referéndum y el uso político de temas de seguridad, por ejemplo, la captura del supuesto “hombre del maletín” Cao Lay Muñoz, a quien se acusaba de querer dividir a los asambleístas de Acuerdo PAIS. En este caso, Bustamante acusó de autor intelectual a Lucio Gutiérrez, escándalo que al difundirse en la víspera de la marcha convocada por Jaime Nebot en Guayaquil contra el Gobierno opacó la manifestación. También le critican por sus declaraciones sobre el elevado índice delincuencial en Guayaquil cuando dijo que “el clima de alarma y la oleada delincuencial fueron creados artificialmente por los grupos de poder que estuvieron en el Gobierno las décadas anteriores”. Otro cuestionamiento es el apoyo a acciones consideradas arbitrarias como la represión contra pobladores de Dayuma (Orellana). Pero sobre todo su respaldo al Plan Libertador, que permite a los jueces penales autorizar a fiscales y al Ministerio Público la intercepción y registro de los diálogos telefónicos y correos electrónicos. “¿En dónde se perdió el académico que se negaba a entrar a los edificios con cámaras de seguridad y que prefería faltar a una importante reunión si a la entrada le exigían dejar su cédula en manos del guardia o del conserje? ¿Qué lo llevó a sustituir la bandera de la protección irrestricta de la privacidad por el Plan Libertador?”, se preguntó Simón Pachano, coordinador de Estudios Políticos de la Flacso, en un artículo en este diario el pasado 25 de agosto. A nivel académico Fernando Bustamante es un personaje reconocido no solo por su cultura, política y lector obsesivo, sino también por los dotes histriónicos que exhibía en sus conferencias. Rayaba en lo teatral, según sus colegas y ex alumnos. Y de esto hay una anécdota: Un día, una estudiante le dijo: “Su clase fue tan magistral que tuve un orgasmo intelectual”. Él contestó: “¿Solo uno?”. Él admira la seducción del carisma. En un artículo de la revista Ecuador Debate habló de la “formidable capacidad histriónica y de proyección emocional” de Abdalá Bucaram. La seducción [y la vanidad] es la única razón que sus allegados encuentran para justificar su permanencia en el actual Gobierno. Seducción por el poder o por la fuerza de Rafael Correa. Un ejemplo son los artículos de Bustamante en diario Hoy (desde el 2003), en los que, según amigos, se concreta su pensamiento político en temas como su oposición al estatismo, la manipulación de mercados y las prácticas clientelares. La represión contra los manifestantes que se habían tomado los pozos petroleros en Dayuma fue el bautizo de Bustamante como consejero de seguridad del régimen (al que se vinculó como asesor presidencial y hasta ministro coordinador de las áreas Política y Seguridad). Para entonces era ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, y Gustavo Larrea –considerado su principal contendor en el buró de Alianza PAIS– era ministro de Gobierno. Bustamante encabezó la comisión que envió Correa a Dayuma y luego admitió que “posiblemente hubo excesos en el traslado de los 23 detenidos”, pero justificó el uso de la fuerza pública denunciando a “mafias políticas” como móviles de los hechos. El 3 de enero pasó al Ministerio de Gobierno y Larrea a la Coordinación. Desde sus días en Chile, donde se licenció en Sociología y fue profesor en la Flacso, Fernando Bustamante se posicionó como un experto en temas militares y de seguridad. En 1978 publicó con Augusto Varas (chileno) el libro Fuerzas Armadas y política en Ecuador, en el que defendía la tesis de que los golpes de Estado militares tuvieron intereses oligárquicos. Tras una maestría en Harvard, donde trabajó en la Teoría del Juego, y del Masachussets Institute of Technology (MIT, es candidato a ph.D), hizo parte junto con Bertha García y Javier Ponce (ministro de la Defensa y primo hermano), de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa, parte de la red Redsal. Allí, según una asesora de la red, defendía la tesis de que los militares deben dedicarse a lo suyo y no al servicio social como se establece en el Plan Ecuador, presentado por primera vez en abril del 2007 por una comisión que él lideró. También era un crítico acérrimo de la confusión entre lo partidista y lo público. Sin embargo, ha sido parte de la estrategia de proselitismo del buró de PAIS para el referéndum. “El régimen es sujeto político”, dijo el 6 de agosto. Su ministerio reparte textos del proyecto de nueva Constitución en los que aparece el membrete de PAIS. Para algunos, su primera contradicción ocurrió al descalificar al Presidente antes de la segunda vuelta presidencial, cuando dijo que “Correa tiene un discurso un poco trasnochado, comete muchos errores y propone cosas inviables” (diario El País de España, 22 de noviembre del 2006). Por esos días apoyó el proyecto de Correa, con quien compartía la mesa del almuerzo en la USFQ, donde ambos eran docentes. Hasta entonces su única militancia había sido su adhesión al Movimiento de Acción Popular Unitaria chileno y su cercanía con Ruptura de los 25. Luego se vinculó al movimiento Alternativa Democrática. María Paula Romo, ex alumna de la USFQ, opina de Bustamante: “Una cosa es lo que uno puede analizar cuando está en la universidad y otra lo que tiene que resolver cuando ya está en el ejercicio de lo público”. Teodoro Bustamante, uno de sus ocho hermanos, docente de Flacso y crítico del Gobierno advierte: “Yo pienso que él cree que su presencia ahí hace que las cosas sean menos malas de lo que serían sin que él esté”. Una de sus últimas perlas fue afirmar que el incremento de la delincuencia en el país es simplemente una percepción exagerada que los medios de comunicación pretenden crear.
Perfil de Fernando Bustamante:
ESTUDIOS REALIZADOS: Magíster en Administración Pública, de Harvard; diplomado en Planificación Regional y Urbana, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social; doctor en Sociología, Universidad Católica de Chile.
ACTIVIDAD PÚBLICA: Coordinador de Sociología de la Universidad San Francisco de Quito, docente de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Ex ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa. Ex ministro coordinador de la Política. Ministro de Gobierno y Policía desde noviembre del 2007.
Fernando Bustamante: En el año 2006 “Correa tiene un discurso un poco trasnochado, comete errores y propone cosas inviables”. Docente anónimo. Ex colega universitario“Los roles de los días de la USFQ se invirtieron y ahora Fernando Bustamante pasó de seductor a seducido por Rafael Correa”. Fernando BustamanteSeptiembre del 2008“Ojalá esas armas (de la Corporación para la Seguridad de Guayaquil) no se les rompan en las manos a los policías”
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[A propósito de Vinicio Alvarado, cualquier parecido, no es mera coincidencia]
Goebbels, ministro de propaganda
Por Gonzalo Chiriboga Chaves
Tengo ante mí los discursos de Goebbels. En ellos fundamenta lo que concebía él, debía ser la forma y el fondo de la propaganda estatal. Una siniestra mezcla de genialidad y cinismo brotan de uno de los artífices de una de las más vergonzosas tragedias atribuibles a la humanidad.
Funda su teoría, el criminal nazi, en 10 principios que han de animar la propaganda oficial. De entre ellos, hay algunos que merecen resaltarse: (1) Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. (2) Principio del método de contagio. “Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; los adversarios han de constituirse en suma individualizada”. Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto”. (3) Principio de renovación. “Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones”. (4) Principio de la transfusión. “Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas”. Durante los primeros años de la Segunda Guerra, hasta 1942, su trabajo fue relativamente fácil. Los éxitos en las campañas de guerra por parte de los nazis lo permitían. En un famoso discurso pronunciado en Nuremberg en 1933, Goebbels sostuvo que “la historia jamás ha presenciado una revolución menos sangrienta, más disciplinada y ordenada que la nuestra”… “¿Quién no creería que somos capaces de persuadir al mundo de la integridad de nuestras acciones...? Una presentación calmada de nuestro caso podría no despertar amor, pero vaya si despierta creciente respeto”. “La verdad sobre Alemania llegará a otras naciones, aún respecto del problema racial. Hacemos lo que es necesario y por tanto cumplimos con nuestra misión. Por ello, no tememos al juicio de la Historia”. Fue hasta la segunda parte del conflicto, que probó ser un maestro en el arte de moldear a su antojo la opinión pública. A pesar del número de bajas, de los intensos bombardeos que habían dejado las ciudades en ruinas, la brutal propaganda invitó frenéticamente al pueblo alemán, a no cejar, a no perder el espíritu y a reforzar la confianza en Hitler. El poder que la propaganda intoxicante, a través de la ilimitada disposición de los dineros públicos, fue tal, que pretendió, y a punto estuvo de conseguirlo, legitimar el más pavoroso genocidio. E-mail: chiribog@hoy.com.ec
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Superpresidente
Por Ana María Correa
En Montecristi se diseña la Constitución para un superpresidente. Varias de las decisiones adoptadas ya por la mayoría gobiernista dan pistas de lo que será un nuevo modelo de presidencialismo ultrafuerte. Da la impresión de que en la Asamblea Constituyente, la imagen potente y pulcra de nuestro presidente es la musa para un diseño que le calza a él e indefectiblemente a él. De ahí que se especule que allí se confecciona el traje a medida, no solo con la redacción de la Constitución, sino también con las leyes. Con la ley orgánica de recuperación del uso de los recursos petroleros se consiguió un poder discrecional en el Ejecutivo (presidente de la República y ministro de Finanzas) sobre el endeudamiento público y esto crea un riesgo grave de ausencia de controles, y por tanto, posibilidad ilimitada de endeudamiento. Con la intención de evitar cualquier posible bloqueo de parte de la nueva Asamblea “ciudadana” o cualquier otro eufemismo que signifique Congreso, en Montecristi se selló la posibilidad de que el presidente y unas pocas personas en el Gobierno tengan la facultad de decisión sobre una enorme cantidad de recursos, sin que exista la más mínima corresponsabilidad de parte del órgano legislativo, peor participación ciudadana o rendición de cuentas. La mesa 7 de la Asamblea Nacional Constituyente discute la posibilidad de centralizar la decisión sobre la política monetaria en el presidente. Esto quiere decir, en última instancia, que Correa puede decidir el día de mañana si los ecuatorianos usamos dólares o bolívares. Uno de los argumentos que se esgrime es que el Banco Central no ha podido evitar las crisis económicas por el uso inadecuado de la moneda y el crédito. Con esta decisión nuevamente se fomenta la facultad discrecional del presidente de la República. Además se profundiza la desinstitucionalización en el país, pues ante el diagnóstico de insuficiencia institucional del Banco Central, la solución planteada no es la de fortalecer al organismo, sino la de entregarle sus facultades a un superpoderoso y omnisapiente presidente de la República. Pero a estas facultades superpresidenciales se añaden la reelección, la posibilidad de disolver el Congreso por una vez si este obstruye el Plan Nacional de Desarrollo y otras.Las ventanas de discrecionalidad que se van creando a favor del presidente de la República nos conducen a pensar que se teje un traje a medida de Correa. Solo él, figura poderosa que encarna según sus seguidores virtudes morales y de liderazgo superiores, puede ser el ungido para decidir en última instancia sobre asuntos tan trascendentales para el país. Me imagino que ellos están pensando que Correa estará en el poder por un largo tiempo, caso contrario, sería ingenuo pensar que al Gobierno se le esté escapando la posibilidad de que Gutiérrez gane las elecciones en algún momento, gobierne con la Constitución de Montecristi, y sea también un superpresidente usando el traje hecho a la medida de Correa, el virtuoso.E-mail: amcorrea@hoy.com.ec
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Adiós propiedad
La admiración del presidente Correa, y muchos de sus obedientes funcionarios, por el sistema político implantado en Cuba es cada día más evidente. "Por sus obras los conoceréis", dice un pasaje bíblico. La propiedad privada en la isla caribeña no existe. En Ecuador se busca, con el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, preparado en la Fiscalía General del Estado, dar un paso para convertir a los bienes privados en públicos, basta que una persona hubiere "proveído de información fundamentada" a un juez, respecto de bienes de un ciudadano, para iniciársele la acción de extinción de dominio, y así perder sus cosas. En contraprestación al denunciante se le "asignará una retribución de hasta el 5% del avalúo comercial de los bienes" del denunciado.Esta novísima ley, que el Fiscal desea la expida la Asamblea Constituyente, "tiene por objeto investigar, procesar y declarar la extinción de dominio a favor del Estado de los bienes de procedencia, uso o destino ilícitos". Busca, coloquialmente hablando, que el propietario de muebles e inmuebles los pierda si estos hubieran sido adquiridos con dinero non santo. Hasta ahí parecería correcto, pero la barbaridad es que para iniciar esta acción judicial no es necesario de sentencia condenatoria previa contra el propietario de los bienes. Más grave es que si un juez absuelve al titular de los bienes y lo declara sin culpa en un proceso del tipo que fuere, la acción de extinción de dominio continúa, y a un inocente se le puede despojar de sus propiedades, gracias a esta ley. ¡Eso es confiscación!De sancionarse esta ley el derecho de propiedad privada se lo deja en la incertidumbre, puesto que ningún habitante tendrá seguridad jurídica al adquirir un bien, puesto que la acción de extinción de dominio se puede iniciar, con la consecuente e irreversible confiscación de activos, por cualquier delito que atente contra "la salud pública, el orden público, el orden económico, el orden financiero, monetario y tributario, el medio ambiente, el patrimonio público, la defensa nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional, la seguridad pública, la libertad personal, la libertad sexual y la administración pública". En palabras morochas, por cualquier delito previsto en el Código Penal.Pero esta joya tiene otras perlas: el denunciado tendrá que probar su inocencia, cuando en todo sistema jurídico se debe demostrar la culpabilidad. Y, además, se establece que "la sentencia tendrá efecto erga omnes", es decir, es obligatoria para todos, aun cuando no hayan intervenido en el proceso. Como este Gobierno ha puesto en vigencia la no vigencia de la Constitución, la confiscación será el mecanismo para acabar con la propiedad privada, dando un viso de ataque a la corrupción, por lo que en adelante las autoridades podrían abusar del derecho que les otorgaría esta futura ley, para aniquilar a sus contrincantes y a todos aquellos que no coinciden con un proyecto político que acaba con la propiedad privada. El Ministro Fiscal será quien decidirá el destino de los habitantes de esta comarca. Será el dios terrenal, a quien nadie contradecirá por ser infalible.
[Ese editorial apereció durante la época de la infausta ANC, y se lo dejó en el cajón, por meros cálculos electoreros, ahora, los espurios hijos de la ANC, los congresillistas vuelven a barajar el tema en el seno de su insensatez]
Se viene barajando en el seno del “congresillo” el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el mismo que en pocas palabras autoriza al Estado a expropiar los bienes, de procedencia, uso o destino ilícitos. En principio, esta ley suena bien, pues permite que cualquier ciudadano pueda denunciar ante las autoridades, para que se investigue a fulano o a mengano por sospecha de haber adquirido bienes de una manera incorrecta, sea por narcotráfico, actividades delincuenciales o criminales, e incluso por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de alguna función pública. Sin embargo, dado el precedente sentado por nuestro actual gobierno de actuar impetuosa e intransigentemente al margen del derecho, (caso confiscaciones de los bienes de los Isaías, expulsión de Odebrecht, impago al Bndes, declaratoria unilateral de “ilegítima” a la deuda externa y de pretender no pagarla, entre otros) y d e demostrar que sus personeros/recaderos asumen y consideran a priori, culpables a quienes se les imputan tales actos, esta ley, posiblemente sirva solamente como instrumento de retaliación, opresión o intimidación, Y para rematar, los organismos de DD.HH que se han destacado por ser meras dependencias adscritas a Carondelet, no son ninguna garantía de que el derecho de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sea respetado. Lo bueno, es que las cárceles van a tener ventanas con vista al mar.
Juan Sebastián Utreras-Carrera, MD
Presunción de inocencia
Por Ernesto Albán Gómez 08/16/08
La presunción de inocencia es un derecho humano fundamental y una garantía procesal básica, reconocida por los tratados internacionales y las legislaciones del mundo entero. La Constitución, la que está vigente, al menos formalmente, la enuncia de esta manera: “Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada” (Art. 24 numeral siete). Es decir que la presunción quedará sin efecto solamente cuando una sentencia, de la cual ya no sea posible interponer recurso alguno, declare la culpabilidad de tal persona, en el juicio penal que se haya seguido contra ella.¿Recoge el proyecto de Constitución este principio? Sería inconcebible que no lo hiciera. Consta en el Art. 76, pero introduce una significativa novedad que conviene destacar. El texto dice lo siguiente: “Se presumirá la inocencia de toda persona y se la tratará como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. Se advierte que en la norma no se habla solamente de “sentencia ejecutoriada”, sino que se dice también que la presunción de inocencia desaparecerá por “resolución firme”. ¿Qué se quiso decir con esta frase? ¿Cuál es su alcance? Obviamente no puede tratarse de una decisión judicial, pues los jueces dictan sentencias. Quienes sí expiden resoluciones, que pueden quedar firmes en el ámbito administrativo, son los funcionarios públicos. Digamos desde un ministro de Estado, un superintendente o el contralor, hasta funcionarios de menor jerarquía. Lo cual quiere decir que la persona a quien uno de estos funcionarios del orden administrativo declare “responsable”, en resolución firme, perderá automáticamente la presunción de inocencia y ya no se la tratará como tal, con todas las nefastas consecuencias procesales que esto traería consigo. Por supuesto, se trata de una barbaridad, un atentado contra las garantías más elementales, una violación de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y hay más cuestiones bárbaras. Por ejemplo, en el mismo Art. 76 del proyecto se dice que una persona podrá ser juzgada ante un juez o ante una “autoridad competente”. Con ello quedaría extinguida la unidad jurisdiccional: los ciudadanos podríamos ser juzgados y condenados, no por un juez, sino por cualquier funcionario del Ejecutivo, la autoridad competente, como se la llama en el texto oficial.Así, pues, no es cierto que, en materia de derechos y garantías, el proyecto constitucional sea un dechado de virtudes, como lo ha calificado con ligereza sus corifeos, el documento más adelantado que se haya podido concebir. Por el contrario, más allá de las declaraciones líricas, contiene serios retrocesos, como los dos que quedan señalados y otros más, que se pueden encontrar fácilmente entre la palabrería utilizada.Pero también esto tiene una penosa explicación: el afán inocultable de conceder más y más atribuciones al Gobierno, inclusive en materias tan delicadas como las de carácter procesal.E-mail: ealban@hoy.com.ec
Propiedad privada
Por Estuardo Salazar Caldas 06/10/08
La Asamblea Constituyente propone un documento de dos artículos por los cuales se reconoce que el Estado garantiza la existencia y el derecho a la propiedad privada en sus diversas formas, cuando cumpla la función social y ambiental, pero al mismo tiempo establece siete condiciones concurrentes: satisfacer las necesidades de la sociedad (?), responder a una justicia redistributiva (?), no vulnerar derechos colectivos (?), promover una convivencia intercultural (?), que estén en producción sustentable, sostenible y con responsabilidad social (?), que proteja la biodiversidad y que respete el buen vivir (?), de cuya lectura se desprende la inquietud respecto de si habrá alguna propiedad privada que cumpla con todas estas condiciones al mismo tiempo, de lo cual dudamos, y si esta disposición no está complementada con otras que aseguren que en los casos de expropiación se seguirá el debido proceso y que habrá un juez que resuelva sobre estos temas. Consecuentemente se deduce de su texto que se dejará a la discrecionalidad de algún burócrata de tercer nivel, la decisión de expropiar o no un predio, cuya resolución será extremadamente subjetiva y ambigua.La propiedad privada es un valor de importancia para las personas, a tal punto que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.17), donde se manifiesta que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Cuando se expidió la Ley de Reforma Agraria y Colonización por parte de la dictadura militar de los sesenta se provocó una gigantesca deforestación que afectó a millones de hectáreas en el país, por cuanto el Estado otorgaba derechos sobre la tierra a aquellos colonos que desmontaban alrededor de la mitad de los bosques que reclamaban en propiedad, todo lo cual se resolvía en un ámbito de corrupción en el famoso Ierac.La propiedad privada es un valor profundamente arraigado en la conciencia del pueblo y es inaceptable que la Asamblea pretenda eliminarla a través de disposiciones difusas y subjetivas, pese a que ha sido defendido por grandes filósofos como Proudhon y que su eliminación fue una de las principales causas del derrumbe del bloque socialista de la Unión Soviética y de Europa del Este. Por ello, en China el 16 de marzo de 2007, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de la Propiedad como parte del proceso de modernización del país. Inclusive en el Concilio Vaticano II (1965) se menciona que "la propiedad privada asegura la autonomía personal y familiar, y forma parte de la libertad humana". Este derecho no es solamente inherente a las personas, sino también a los animales, que en forma instintiva establecen la territorialidad del lugar en que viven. La colonización y la reforma agraria, además del efecto de las herencias, produjo una proliferación de los minifundios y adicionalmente ha provocado el agotamiento de los suelos y cambio climático. En estas circunstancias, y dada la sensibilidad del tema que ha causado alarma a la población, incrementará la corriente contraria a la nueva Constitución y por consiguiente, se sumará al "No" en el próximo referéndum.E-mail: estuardo.salazar@hoy.com.ec
---------------------Fregando la pita
Por Diego Oquendo 05/12/08
Mi santa madre, que está en los cielos, hizo muchos sacrificios para sacar su casa adelante y educar a sus cinco hijos, con su padre muerto, consiguiéndolo de manera heroica. Las flores en sus manos, por ejemplo, adquirirían una presencia asombrosa. Y la madre de mis propios hijos cubrió todos mis vacíos y ausencias -razones de trabajo- a fin de que cada uno creciera derecho, con una perspectiva clara de la vida. Ella se murió cuando recién comenzaba a disfrutar de las ventajas de una situación que ayudó a construir con su sabiduría y su silencio. ¡Inolvidables doña Matilde y doña Aída!Cesitar Rodríguez, el asambleísta, está bravísimo. Ha concebido un mandato constituyente para prescindir de buena parte de la Corte Suprema de Justicia. Es decir que hay que seguir desvertebrando al país, desinstitucionalizándolo. Porque olvida en el caso que nos ocupa que puede aplicarse el dicho que dice: “Malo con ello, peor sin ello”. Pero, claro -más allá de sus aparentes razones- deja de lado un pequeño detalle: en alguna de las salas del altísimo tribunal habría varias causas en contra del indicado ciudadano por invasión de tierras. Apelo al testimonio del magistrado Rubén Bravo. Entonces, ¿cuánta autoridad moral hay para proponer lo que se propone?Me alegra no haberme equivocado: cuando todo parecía indicar que la operadora Porta se iría del Ecuador porque su propuesta económica no satisfacía al Estado, me atreví a manifestar que, en el fondo, podía tratarse de una estrategia del presidente Correa para poner a la telefónica contra las cuerdas y obligarla a bajar la guardia. Aventuré que a la final las cosas se arreglarían… Así sucedió en la práctica. Destacamos un mérito de Rafaelillo. No es ningún pintado en la pared. Ahora, que se nos explique en qué consiste el millonario arreglo.…Como debe explicársenos -situándose las debidas responsabilidades- todo lo relativo al espionaje de la Asamblea Constituyente a cargo de un grupo de militares pertenecientes a los “mandos medios” de las FFAA. ¿Hay alguien que se trague semejante cuento? En el mundo castrense nada opera de modo horizontal: cualquier movimiento tiene una dinamia vertical. En consecuencia, si en la pesquisa intervinieron tenientes coroneles, capitanes y sargentos, pues…sobre ellos estuvieron coroneles y generales. Javierito, ahora te queremos ver. Porque no nos satisface -en absoluto- que el comandante en jefe se limite a confesarnos que se le cae la cara de vergüenza. ¿Y nada más? No sigamos acumulando complicidades que le hacen daño a un Gobierno que proclamó que lucharía abiertamente contra la corrupción. ¿La defensa del ex superintendente de Compañías no es una forma de complicidad? ¿Y no lo es, igualmente, la defensa de Camilo Samán?
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[A propósito del profundamente hipotiroideo ecuatoriano emigrante que osó dirigirse al ilustre ciudadano en su visita a España, y lo que recibió en respuesta, fue la afirmación de su condición hormonal-mental: Idiota"]
¿Cuál Idiota?
Emilio Palacio
Se acaba de cumplir un año de los pativideos y todavía no hay un solo preso o acusado, aunque el Gobierno reconoció en su momento que se trataba de una estafa multimillonaria que supuestamente no prosperó.Hablaba el otro día de este asunto precisamente con una persona que simpatiza con el Gobierno, y le hacía ver que la estafa sí tuvo éxito porque se les facilitó a ciertas empresas extranjeras que vendan como 50 millones de dólares en seguros de la deuda externa ecuatoriana. -Y no será usted tan ingenuo como para creer que esos funcionarios ecuatorianos no sacaron su tajada, verdad? -le pregunté.-Sí, pero no era dinero del Estado; les robaron a los tenedores de la deuda externa y eso no debería importarnos -me contestó. Esta clase de justificaciones son muy comunes en el Gobierno. Como son los tenedores de la deuda externa, no importará que alguien del Gobierno les robe y se meta el dinero en el bolsillo; como son banqueros o periodistas, no es relevante que el Presidente los insulte. Todos esos son –se nos dice– una masa de contrarrevolucionarios que no merecen consideración alguna. Por eso el diario “del Estado”, por ejemplo, habla con todo desparpajo de la oposición “enana” y pide que se haga “aullar” a la derecha. Tiene razón el régimen, hay periodistas que insultan... los que simpatizan con él. Pero esa es la nueva moral. A los malos de la película se los puede insultar, robarles y demás, por eso, porque son malos, y todo el griterío sobre defender la honra ajena mancillada por la prensa no aplica en esos casos.¿Pero y los indios? Pregunto, porque, como ustedes saben, el otro día el Presidente se les burló en una suerte de karaoque improvisado cantando “que se vayan, que se vayan”. ¿Qué ocurrió? ¿Ahora los indios son parte de la masa de reaccionarios, banqueros y periodistas a los que sí se puede insultar? Cuando Pocho Harb bailó alrededor del sombrero de Salvador Quishpe, qué escándalo armaron Alberto Acosta, Javier Ponce y demás indigenistas de este régimen. Ahora, chito, chito, callando. ¿Y los emigrantes? En su visita a Madrid , como también saben ustedes, el Presidente le gritó a uno que era un “idiota” que nos hacía quedar mal ante el mundo por hacer demasiadas preguntas. ¿Quién es en este caso el que nos hace quedar mal? ¿Quién es el verdadero idiota? ¿O es que los emigrantes son banqueros y periodistas corruptos y hay que perseguirlos a España? En mi opinión, la Conaie está equivocada en sus exigencias sobre la minería y los mecanismos de consulta a las comunidades; pero no podría perdonarme a mí mismo si por eso les faltase el respeto. Los indios, como todo grupo marginado, tienen cierto derecho a ser desconfiados. Lo que debe hacer el Estado es simplemente no ceder demasiado y tenerles paciencia. El insulto no cabe en ninguna circunstancia.Los abusos incluso verbales de los poderosos no tienen excusa. La izquierda, que siempre estuvo en la oposición, era ferviente defensora de esta norma y no transigía. Ahora Acosta, Ponce y demás indigenistas deberían actúar de la misma manera, pero guardan un vergonzoso silencio. [ni se diga de los otros agentes asalariados y demás comensales de Carondelet que se proclaman defensores de los DD.HH]
Idioteces Democratizadas
Ignacio Gómez Lecaro
El reciente video que muestra el insulto del presidente Rafael Correa a un migrante ecuatoriano en Madrid revela, de alguna forma, el enfoque equivocado de la famosa “democratización de los medios” que tanto apasiona a varios asambleístas. El video muestra a Correa en medio de seguidores, fotógrafos, guardaespaldas y hombres encorbatados. Se escucha una voz repitiendo “Presidente escuche a los jóvenes”. Y Correa muy al estilo Correa le dice “Por idiotas como tú es que queda mal toda la comunidad ecuatoriana”. Este tipo de reacción tan poco presidencial ya dejó de llamarnos la atención viniendo de nuestro presidente. Correa no es el único en avergonzar a su país de esa manera. Hace poco, el presidente francés Sarkozy causó un escándalo en su país cuando le dijo “pauvre con” (pobre idiota) a un hombre que se negó a darle la mano. El momento fue capturado, al igual que el incidente de Correa, por una cámara que se coló entre la multitud. Y el video salió a dar infinitas vueltas por internet, generando todo tipo de comentarios.Y eso nos lleva al tema de la “democratización de los medios”. Esta Asamblea que pretende arreglar todo a base de mayor control, regulación e imposiciones, cree que tendremos mejores medios de comunicación metiendo en ellos las narices del Estado y regulando quiénes pueden o no ser sus dueños. Pero la cobertura de incidentes como el de Correa en Madrid demuestran que la verdadera democracia en los medios y el verdadero acceso democrático a la información solo se dan con una mayor oferta de fuentes informativas, presentes en internet. Gracias al internet, el país y el mundo entero pueden enterarse de estos sucesos y opinar al respecto, sin necesidad de tener un programa de opinión en televisión o una columna en un diario. Un blog es la forma más libre de generar y acceder a información. Sin internet cualquier escándalo podría ser censurado por los grupos privados o el Gobierno controlando los medios. Seguramente no veremos mayor información sobre este vergonzoso suceso en el diario estatal El Telégrafo o en la página web de la Presidencia. Será en los medios privados, pero sobre todo en internet, donde estén la información y los comentarios libres de censura.Los blogs, publicaciones virtuales y servicios como You Tube son los medios más temidos por los políticos de hoy que antes podían salirse con la suya. Cualquier metedura de pata, abuso o escándalo da la vuelta al mundo en segundos. Es en internet donde está la democratización de la información.Por eso, en lugar de desperdiciar tiempo y tinta en absurdos reglamentos, regulaciones y leyes dizque para democratizar los medios y al final no hacer otra cosa que limitar la libertad de expresión, los asambleístas deberían entender que la democratización ya se da solita en internet.El reto es generar las condiciones que permitan al país alcanzar una educación de calidad y acceso a la tecnología. Solo así hablaremos de un verdadero y democrático acceso a la información. Solo así, ver por internet a Correa insultar a ese migrante o comentarlo en algún blog dejaría de ser un privilegio de pocos. Y todos verían con libertad lo que los “medios democratizados” y regulados por el Estado seguramente intentarían esconder.
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Circo para el pueblo
Por Fernando Moncayo Castillo 05/18/08
¡Impresionante el show al que nos han invitando a asistir! Hay guerrilleros, reyes, presidentes, alcaldes, asambleístas, mineros, taxistas, indígenas, emigrantes, y hasta idiotas, acompañados por las luces y sonidos de bombardeos, aplausos, flashes fotográficos, quiebras, despidos, gritos, llantos, sonrisas, y hasta canciones con dedicatorias.El escenario propuesto se parece mucho a los grandes eventos desarrollados siglos atrás en el Coliseo Romano, en donde bajo el lema de “circo para el pueblo”, mantenían distraído al soberano, mientras los que gobernaban desarrollaban y ejecutaban sus planes y objetivos. Solo basta con ver los documentales, y hasta películas que se han desarrollado sobre el tema, para poder observar la euforia del pueblo entretenido, en donde mientras más impresionante el espectáculo mayor la euforia que generaba, llegando al punto de definir, con solo un movimiento de mano, el final del combate, la muerte o vida del gladiador.Lo que menos necesita el Ecuador en estos días es el conflicto, la confusión, y el morbo de estos espectáculos masivos, con enorme cobertura mediática local e internacional, que generan una realidad efímera y momentánea que nos hace olvidar nuestros problemas de fondo, prioridades nacionales, y momento histórico que nos encontramos viviendo.No tenemos que caer en la trampa del odio y la soberbia a la que nos está empujando la fuerza que ejerce una revolución liderada por un presidente acompañado de un grupo de coidearios que, electos por nosotros, están definiendo el futuro de nuestra nación.No dejemos que los promotores del circo distraigan nuestra atención de lo que es importante; la nueva constitución que apenas lleva pocos párrafos escritos, y en la cual todavía tenemos la última palabra a través de nuestra aprobación o rechazo en el referéndum final. Fuimos “idiotas”, como el emigrante hecho famoso por el presidente, los que elegimos a nuestro actuales gobernantes, dándoles un poder absoluto ante todo lo constituido. Somos esos mismos idiotas los que asistimos al circo organizado, con una capacidad enorme de convocatoria en cualquiera de los pueblos o naciones en los que se presente. Como asistentes al evento tenemos la última palabra. Si asistimos y lo promovemos, a través de nuestro comportamiento y comentarios, seguiremos llevando más y más gente a sus graderíos. Si nos mantenemos alejados del show y nos concentramos en la Asamblea, no existirá propaganda ni contagio, lo que hará que menos gente asista a tan tentador espectáculo, para que al final, cuando tengamos que decidir sobre el futuro de nuestro país, tengamos la mente lúcida y objetiva para que con un movimiento de mano, en las urnas, aprobando o rechazando la nueva constitución propuesta, tengamos la palabra final.E-mail: fmoncayo@hoy.com.ec
Sometimiento total
Por Vladimiro Álvarez Grau 05/18/08
Después de que se sometió a palos a la mayoría de vocales del Tribunal Supremo Electoral, los demás poderes del Estado fueron asumidos uno tras otro.El siguiente fue el Congreso Nacional, del cual el Supremo Tribunal destituyó primero a 57 Diputados, a quienes luego las huestes partidarias del Gobierno se encargaron de garrotear hasta que abandonaran sus curules.Posteriormente, con la nueva integración del Congreso, con diputados propios que entraron ocultos debajo de manteles, designaron también nuevos vocales del Tribunal Constitucional después de que aquellas huestes sacaron a palazos de sus oficinas a los anteriores vocales.Luego, con la activa participación del Gobierno en la consulta popular del año pasado y en la campaña electoral para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, el partido oficial y sus aliados del MPD, de Pachakutik, y de Izquierda Democrática, lograron una mayoría aplastante de alzamanos en ese nuevo organismo extraconstitucional.Teniendo bajo su control absoluto a la Asamblea, el presidente logró inicialmente que ella resuelva sustituir al Congreso Nacional como organismo de legislación y de fiscalización, sin que se fiscalice nada, y que se ratifique o se nombre a los funcionarios de Control del Estado que compartan sus propuestas y obedezcan sus disposiciones, y la Asamblea dicta todos los mandatos y leyes, y aprueba las nuevas disposiciones constitucionales, que viabilicen sus objetivos.Por medio de los tribunales que ahora están bajo sus órdenes, y de los fiscales que temen por la remoción de sus cargos, se cumplen, a como dé lugar, los procedimientos necesarios para incriminar o perseguir a quienes se atrevan a criticar o a solicitar investigaciones contra el Régimen o sus aliados, lo que, a su vez, se constituye en mecanismos de amenaza e intimidación para quienes pudieran hacerlo en el futuro.Pero falta una institución o función del Estado que, aparentemente, no ha sido, todavía, “infiltrada” por el Gobierno, aunque ya se ciernen graves amenazas sobre ella: la Función Judicial. Luego de todos los atropellos que ha sufrido en los últimos años esa importante Función del Estado, y de los esfuerzos por mantenerse alejada de intereses políticos coyunturales, esta nueva amenaza vuelve muy vulnerable a una institución que debe sentirse segura de poder administrar justicia en forma independiente, sin que se la pretenda, nuevamente, reorganizar, con lo cual el Gobierno lograría, finalmente… el sometimiento total.E-mail: valvarez@hoy.com.ec
Una semana de opereta
Por Ana Angulo Benavides 05/18/05
Era mejor que la Fiscalía no se rasgue las vestiduras por la salida de dos de tres sobrevivientes del ataque colombiano al campamento de las FARC -ubicado en Angostura- que quedaban en el país, porque suena a lamento falso aquello de que justo cuando se iba a pedir la orden de arraigo para Doris Bohórquez y Martha Pérez el juez no abrió el despacho, y por eso las colombianas no tuvieron problema para ir directo desde el Hospital Militar al avión nicaragüense que las esperaba para llevarlas al asilo otorgado por el presidente Daniel Ortega. También suena a falso aquello de que la presunción del delito de atentado a la seguridad nacional data de hace pocos días, cuando ya ha transcurrido algún tiempo desde la publicación de videos en los que las “guerrilleras” aparecían en eventos con “Raúl Reyes”. También parece increíble la excusa de la Fiscalía de que los militares no habrían entregado información sobre las “guerrilleras”, cuando la función de ese organismo es investigar y recabar las evidencias suficientes para sustentar los elementos de convicción. Es que cualquier justificación resulta hueca, luego de que el jefe de todos los fiscales dijo públicamente que no hallaba responsabilidad ni en las colombianas ni en la mexicana Lucía Morett, luego e interrogarlas el pasado 11 de marzo. Por eso, la orden de prisión dictada contra las dos últimas viajeras (su compañera se fue hace un mes) por un juez de Sucumbíos no es más que un “saludo a la bandera”, lo mismo que el anunciado pedido de extradición. Entonces, mejor no traten de engañarnos con providencias que no se tomaron a tiempo, porque eso sí sería considerarnos “idiotas” a la mayoría de ecuatorianos.A propósito de “idiotas”, así calificó el presidente, en Madrid, al emigrante que pidió apoyo para los estudiantes. El joven quizás creyó hacer un reclamo legítimo al gobernante que había ofrecido tantas cosas cuando fue en campaña a pedir el voto de los emigrantes para refundar el país. Menos mal que el incidente ocurrió allá, en el marco del viaje para contrarrestar la campaña mediática colombiana, porque aquí habría sido tomado como una ofensa a la Majestad del Poder y ya sabemos lo que sucede.También parecería que nos creen “idiotas” cuando desde la Superintendencia de Bancos se lavan las manos ante el descalabro de la Mutualista Pichincha. Luego de haber vivido la caída de los bancos cuya consecuencia fue un multimillonario salvataje con la plata de todos, que no nos vengan a decir que sí los hubo en este caso, pero que les ocultaron información, como si todo fuera tan simple. Así transcurrió la semana pasada. Una semana de opereta. E-mail: aangulo@hoy.com.ec
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Constitución: ¿A quién le importa?
Por Carlos Larreátegui
Al cabo de 180 días de funcionamiento, y no menos de USD 100 millones gastados en dos eventos electorales, sueldos, publicidad, logística y funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente ha decidido autoprorrogarse por 60 días más. ¿Que ha hecho el poder constituyente en todo este tiempo? Entre mandatos y leyes absolutamente inconstitucionales, nombramientos ordenados por el Ejecutivo, debates superfluos sobre los símbolos patrios y el placer de las mujeres, apetitos de poder e intenciones de reorganizar la Función Judicial, la Asamblea ha copado seis meses sin atender el mandato establecido por los ciudadanos. Apenas un 15% del total de las normas constitucionales proyectadas ha sido aprobado, y de ese porcentaje, una buena parte son transcripciones textuales de la Constitución de 1998. El trabajo constitucional de la Asamblea ha resultado pobre y terriblemente costoso para los ecuatorianos.La redacción de una nueva Constitución no ha sido una prioridad para la Asamblea. Jamás lo fue. En una entrevista concedida al Diario Expreso y publicada el 4 de diciembre del 2006, el Presidente de la Asamblea, Alberto Acosta dice textualmente: “La reforma política no es el gran objetivo de la Asamblea Constituyente… Para mí, no es el gran objetivo una nueva constitución”. Luego añade: “Sabemos lo que ha pasado con las constituciones. Hemos tenido como veinte. ¿Para qué una nueva? Veo a la asamblea como una oportunidad para construir ciudadanía, para que la gente participe. Ni siquiera interesa si alguien dice que la Constitución que vamos a elaborar es buena, ¿buena para quién? A confesión de parte, relevo de prueba.¿Que persigue entonces, la Asamblea? A mi juicio, ser instrumental al Gobierno y lograr una concentración absoluta del poder para el proyecto del Presidente Correa. La consigna es ganar el referendo a toda costa, facilitar un nuevo triunfo de Alianza País en las elecciones presidenciales y seccionales, y prolongar el proyecto socialista una década, por lo menos. Por ello, los asambleístas han renunciado de manera increíblemente dócil a temas juzgados esenciales en la ‘ideología’ del socialismo del Siglo XXI: la regionalización, el aborto o la reducción del presidencialismo diseñado por la Constitución de 1998. Por ello la Asamblea ha movilizado a miles de trabajadores informales para que apoyen su causa vendiendo falsos sueños y amenazando el orden en las ciudades. Al final, la mayor parte de los contenidos constitucionales serán dictados por las exigencias electorales y las encuestas oficiales. No debe extrañarnos que la campaña por el Sí haya arrancado tan temprano. La Constitución no será debatida. El Gobierno invocará el fantasma del viejo Congreso y buscará que Lucio Gutierrez y Álvaro Noboa encarnen la oposición. La misma táctica que permitió ganar los comicios presidenciales, el referendo para la Constituyente y las elecciones de asambleístas. ¿Importa la nueva Constitución?
[Como ya se ha podido constatar, a pesar de que el 68% del Ecuador dio su voto a favor de la sábana esa, y por ende, vox populi-vox dei, a nadie le importa el mamotreto ese, ni siquiera a sus gestores, quienes lo parieron de manera bastarda y onanística. Ya hemos visto, como a Correa y su buró les tiene sin cuidado la sarta de violaciones a esa nueva constitución, que de núbil ya no tiene nada, pues la sodomizaron de manera brutal con los recientes actos: ignoraron y siguen ignorando el régimen de transición, lo interpretan con miles de malabares, y luego unos sujetos de poca calificación académica y de probidad en entredicho, mutan de Tribunal Constitucional a Corte Constitucional, violando los los artículos 25 y 27 de ese régimen de transición, mandado por el soberano, que no contempla dicha metamorfosis. Irónicamente, son esos peleles quiens se suponen deben vigilar que la nueva constitución se respete y cumpla. Así mismo, volvieron a violar esa constitución, con el nuevo asunto de los jueces... Y el silencio cómplice del gobierno y sus esbirros, los congresillistas, se hizo evidente una y otra vez, posiblemente, porque siguen convencidos -al menos los que todavía tienen rezagos de idealistas- de que el fin justifica los medios, ante una noble causa como esta repugnante revolución ciudadana]
Nota de Protesta
Por Grace Jaramillo
Perdón por usar el término, que ya se ha convertido en una muletilla, pero tal vez así entendamos mejor que todos los ciudadanos deberíamos hacer una nota de protesta, urgente, convencida, sobre el orden -o mejor dicho- el desorden institucional que están produciendo los miembros aliancistas. ¿Qué nos está pasando? ¿Es que hemos perdido la capacidad de indignación frente a los desastres que hacen el ‘Congresillo’ y otros grillos, con el mismo estado de derechos que fue instituido con la nueva Constitución? ¿Por qué se niegan y nos niegan a vivir en un Estado al menos decente, donde mínimamente se respete la Constitución que fue aprobada por el 64% de los ecuatorianos?Unos cuantos deciden por sí y ante sí declararse Corte Constitucional cuando antes eran Tribunal Constitucional, elegido a dedo. Deciden terminar con la Corte Suprema de Justicia, olvidar el proceso del 2005, pero ni siquiera tienen una salida constitucional (con esta Constitución) cuando los jueces deciden que no son unos simples aparecidos para aceptar que una tómbola cualquiera escoja sus destinos. La participación ciudadana definitivamente quedó hecha cenizas. Por menos que esto, muchos salíamos a las calles para comer gases en las calles, otros renunciaban a sus cargos en señal de protesta y unos más se rasgaban las vestiduras durante el régimen de Lucio Gutiérrez. Ahora se nos terminó la sangre en el rostro o se han dado tantos golpes a la institucionalidad del país que una mancha más no hace al tigre. No hay ni siquiera un dejo de rubor en los miembros del ‘Congresillo’, sobre todo.Tal vez se nos olvida y se les olvida a los miembros gubernamentales por qué es importante defender la Constitución (por lo menos la que está en vigencia) y por qué es importante la institucionalidad. Porque sin imperio de la Ley, no hay progreso; se impone la ley del más fuerte o del más vivo, porque los cambios que precisamente están costando tanto esfuerzo al país, para recuperar al Estado y para que este ayude a la sociedad pueden hacerse humo, esfumarse al menor flaqueo electoral de Alianza País. Deberían el Presidente y sus ministros ser los primeros en protestar por estas bajezas de unos cuantos. Deberían ellos ser los primeros en poner el grito en el cielo contra quienes están echando tierra a su proyecto y a la estabilidad del mismo.¿Cuántos han levantado la mano para decir al Presidente lo grave que es dejar que gente inescrupulosa siga manejando los cambios de esa manera? En fin, esta es solo una nota de protesta. Una nota para dejar sentado que uno no quiere quedarse sin voz, sin alma, sin conciencia. El Gobierno -si busca que su revolución perdure- debería hacer lo mismo: enviar una nota de protesta a su ‘Congresillo’ y a sus zelotes, en lugar de a otros lares, que no tienen la culpa de nuestros entuertos.
[Mas sobre lo mismo]
Con poquísimas horas de existencia, la infausta nueva Constitución ha sido violada contumaz y vilmente. Los miembros del antiguo Tribunal Constitucional la desvirgaron al autoproclamarse como la nueva Corte Constitucional, (CC) contraviniendo así, con lo que la flamante Constitución estipula. Con cinismo y descaro, se han valido de una alegre interpretación de la misma para instalarse. Aterra sobremanera pensar que la primera gran violación provenga de quien precisamente se encargará de garantizar el cumplimiento de esta carta magna. La complicidad del gobierno es crasa, y obedece a dos razones: una, sentar el precedente de que la nueva constitución será interpretada al antojo y gusto de quien ostenta el poder, y dos, tener un servil ente como la CC que avale los futuros atropellos de quienes gobiernan y justificarlos mediante interpretaciones propias de tinterillos, rábulas y esbirros. Si ese es el cambio que nos ofrecieron, que Dios se apiade de nosotros.
Atentamente,
Juan Sebastián Utreras-Carrera, MD
Dice el Presidente Correa, que en Ecuador no se vive un estado de derecho. Cabe preguntarse en primera instancia quién quebrantó dicho estado de derecho, cuando se decidió convocar a Asamblea Constituyente, y luego se la instituyó, a través de la supuesta legitimación que otorga el voto del pueblo. ¿Quién desbarató y eliminó todos los poderes e instituciones del estado, para luego convertirlos en dependencias de bolsillo? Tampoco se comprende cómo se puede afirmar que no existe estado de derecho, cuando, por ejemplo, se permite la violación de la flamante nueva Constitución por parte de sujetos que pertenecían al antiguo Tribunal Constitucional y que fuera de todo lo estipulado y legitimado con el mandato del voto popular, se autoproclamaron como la nueva Corte Constitucional. ¿Acaso para el Presidente el adagio ese que reza: en casa de herrero, cuchillo de palo, es la norma que rige su s actos?
Atentamente,
Juan Sebastián Utreras-Carrera, MD
Windows 2008
Publicado el 22/Noviembre/2008 00:04
Por Simón Espinosa Cordero
Según el analista Raúl Proaño, de una veeduría para la defensa de la Carta Política, ya son cuatro las violaciones a dicha Carta. La primera violación fue cometida por la Asamblea Constituyente instalada luego del referendo, la cual, en rigor, fue otra Constituyente de minipoderes que no la continuación de la terminada el 24 de julio por ministerio de la ley. ¿Por qué? Primero porque designó una supuesta Comisión de Legislación y Fiscalización violando los derechos a elegir y ser elegidos del resto de ecuatorianos. Y, segundo, porque no contó con la venia del Tribunal Supremo Electoral, como correspondía. Una vez proclamados los resultados del referéndum, la Constituyente de minipoderes no podía suplantar la tarea que debió cumplir el Tribunal Supremo Electoral. Y la tarea consistía en tomar votaciones para nuevas dignidades y posesionarlas una vez elegidas. Esto, si se hubiese respetado lo dispuesto en los artículos 219 y 117 de la nueva Carta Política. Esta primera violación dio a luz un congresillo.La segunda violación constitucional provino de los tribunos constitucionales. Por arte de birlibirloque se convirtieron en Corte, incluso antes de la vigencia de la nueva Carta Política. Y la Constituyente de minipoderes cayó en mora, dejó vacíos, no enmendó errores ni llevó a cabo las primeras interpretaciones obligatorias, tal como recomendó la veeduría cívica. Los constitucionalistas venían pisando los talones de los tribunos, pues les habían entregado dos expedientes aun antes de que se constituyesen en Corte Constitucional. El un expediente contenía una demanda de inconstitucionalidad contra la asignación de escaños aplicada para la Constituyente 2007, la cual fue rechazada mediante dictamen en contra de ley expresa. Y se quedaron tranquilos sin reconocer a los demandantes ningún recurso legal. Cabe un juicio político. El otro fue una apelación del acto del Tribunal Supremo Electoral que desechó la impugnación de los resultados del referendo de septiembre de 2008. Esto significaba que la apelación debía ser resuelta por el Tribunal Constitucional, aunque los tribunos decidieron despachar asuntos solo hasta el 19 de octubre de 2008 sabiendo que la apelación les iba a clamar el día 20. ¿Querrán eludir responsabilidades? ¿Remitirán el caso al novísimo Tribunal Contencioso Electoral? La veeduría estará atenta.La tercera violación constitucional consiste en que el congresillo nombró el Consejo Nacional Electoral sin concurso ni veeduría ni impugnación de candidatos. ¿De qué sirve hoy la interpretación obligatoria sobre este punto? Sirve para resolver otro caso que ya está en manos electorales: el concurso para conformar el Consejo de Participación Ciudadana.La cuarta violación constitucional se dio cuando el congresillo hubo elaborado un inconstitucional reglamento para el concurso y se aprestaba a designar al apuro a dicho Consejo; pero la veeduría intervino y llevó el caso a la mágica Corte Constitucional, en forma de consulta o pedido de interpretación obligatoria a pesar de que se trataba de un conflicto de competencias. Luego el congresillo quiso retirar el expediente, contradiciendo el principio de "Ficha tocada es ficha movida".Lo patriótico aconseja que el Consejo Nacional Electoral debe organizar y dirigir el concurso hasta que haya, por lo menos, 14 ganadores, de entre los cuales el congresillo debe designar a siete principales. ¿Tendrá razón la veeduría?simeco@hoy.com.ec
Momentos difíciles
Por Teodoro Bustamente P. 05/28/08
Para el país se vienen momentos difíciles. A estas alturas, está claro que en Montecristi existe una gran confusión y los allí reunidos se creyeron convocados al concurso de oratoria de tercer curso en lugar de pensar en que es una Constitución. Pero el problema es que no solo no saben que la Constitución no es un desahogo, sino algo serio, sino que tampoco tienen mayor coherencia para organizar su concurso de retórica. Reverencian a Alfaro y dicen odiar al liberalismo. Se identifican con Bolívar y no hacen sino entorpecer las relaciones entre los países bolivarianos. Nos han hablado de cambio pero no han hecho sino aumentar las practicas clientelares y populistas que han corroído toda institucionalidad en el país. Pero lo más triste de todo es que, frente a este caos, es muy difícil encontrar una alternativa. En efecto, quienes estuvieron encargados de defender la institucionalidad del país antes del actual festival de oratoria, muy poca legitimidad tienen para conducirnos en la búsqueda de una salida. En efecto, algunos de los que hoy parecen afectados por este caos, son plenamente cómplices del proceso que vivimos. El símbolo de los mantelitos podrá quedar tal vez para la Historia. Ese es el triste destino de los tontos útiles que, por saborear por semanas el gusto de supuesto poder, vendieron principios, destruyeron instituciones, fueron cómplices en la aniquilación de su propia legitimidad.¡Cuán débiles! ¡Cuán escasas fueron las voces que defendieron principios! La mayor parte de los que se llaman políticos en este país se amarraron a sí mismos las manos y atrofiaron ahogándolos en mezquinos cálculos electorales.Ante tal situación puede surgir una sensación de desesperanza. Es tanta la destrucción que nuestro país ha vivido en los últimos cinco años, que las hazañas de los últimos meses podrían pasar por la simple confirmación de un destino triste e inalterable de autodestrucción.Pero, tal vez, hay razones que provienen de otros lados y que nos pueden dar motivo para tener esperanzas. En efecto, frente a este carnaval de irresponsabilidad, han surgido decenas de voces, que han reclamado frente al atropello, que han denunciado los cantos de sirena, que han desnudado los juramentos de buenas intenciones de los "Notarios Cabrera de la Política". Existe en nuestro país una masa de responsabilidad ciudadana en la cual es posible tener esperanzas.Pero es necesario que esas personas asuman más responsabilidades que la denuncia. De ellos depende el país para salir de este laberinto. Necesitamos que esas personas, que tienen por lo que conozco muy variadas edades, e ideologías asuman la responsabilidad de conducir la reconstrucción del país que necesitamos.La tarea no será fácil. La primera batalla girará en torno al referendo. Pero independientemente de ese resultado, es claro que será duro y largo luchar contra todo el conjunto de perversas prácticas políticas que nos han conducido a la situación actual. El clientelismo, el oportunismo el corporativismo, la demagogia, el caudillismo no se rendirán fácilmente. Necesitamos de miles de ecuatorianos dispuestos a luchas contra ellos.E-mail: tbustamante@hoy.com.ec
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De antología
Por Manuel Terán 06/10/06
Hay entrevistas que resultan verdaderas piezas del género que difícilmente pueden pasar desapercibidas. Aquellas que, en el juego de las palabras, arrojan chispazos de luz sobre las verdaderas intenciones de quienes las profieren. Más aún si esa intencionalidad aparentemente ha estado camuflada en el supuesto ejercicio profesional para después descubrir, por expresiones del propio entrevistado, que lo que ha estado atrás de todo es un simple proyecto político. Quizás esa práctica de unos pocos, ahora puesta en evidencia, a muchos les ha confundido y creen que todos son iguales a ellos. Por eso piensan erróneamente que detrás de toda crítica hay un interés político subalterno o que tal o cual persona, por ejercer determinada actividad, ya está de antemano desautorizada para opinar. Ellos han sido y serán los únicos predestinados a poseer la verdad para, desde su púlpito sagrado, irradiarla al resto de pobres ciudadanos. Claro, no sabíamos que su prédica era parte de un quehacer político con un fin determinado en el que les resulta imperioso participar. De ahí vemos que, por el momento, han dejado su actividad para ocupar altos cargos públicos o sentarse al frente de misiones diplomáticas y, de vez en cuando, con cartas henchidas de patriotismo, recordarnos el verdadero papel de la prensa.Simplemente no admiten, no pueden hacerlo, quizás por ese secreto complejo de infalibilidad que los acecha, que existan personas que piensen diferente. Por ello ahora la memoria nos trae esas encendidas palabras en defensa del “compromiso” que supuestamente debería marcar el quehacer intelectual cuando, de otro lado, se sostenía que simplemente era legítimo expresar un punto de vista. No, no pueden aceptar que existan hombres libres que no posean ataduras y expresen sus ideas sin cortapisas, porque quizás se han convertido en esclavos de sus propios dogmas. Estos les impiden ver más allá de sus estrechos entornos limitándose a si mismos sus horizontes.A toda costa buscan descalificar a quien discrepa. Ni siquiera confrontan tesis, su arma es el descrédito. Como hacen uso ilegítimo de los bienes públicos al emprender en atosigantes campañas propagandísticas, no hay nadie que pueda persistir en la lucha de ideas. Lo único que están dispuestos a aceptar son los halagos y les irrita que éstos escaseen en las páginas de los diarios, peor aún si por allí algún irreverente se atreve a poner en duda el proyecto de todos estos iluminados que nos hará encontrar la senda de la felicidad eterna.Pero se equivocan. Quizás la lección más valiosa de este proceso es haber encontrado un gran número de gente decente que ha tenido la dignidad de no rendirse ante los excesos del poder, recordar sus límites así sea desde el limitado espacio de la prensa. Ese grupo nos alienta a pensar que si existe la vía del cambio sin atropellos ni insultos ni complejos. Un cambio ético que nos invita a pensar que la transformación es posible, sin exacerbar odios ni revanchismos que sólo han permitido mostrar cuán grande les quedó el desafío a quienes fueron los receptores de la confianza ciudadana.
[Me suscribo a este editorial. Por ejemplo, yo, no tengo vínculos con ningún banco, ningún empresario descalificado por el gobierno, ninguno de los pelucones de la lista negra del gobierno, ningún partidócrata, ningún oligarca. Sin embargo, si yo llegase a tener el infortunio de llamar la atención de los ágiles agentes de este gobierno, no me cabe duda de que pronto seré descalificado con alguno de los ingeniosos epítetos de nuestro ilustre presidente. Mas bien, y con abundante grado de verguenza, debo admitir que en mi familia cercana tengo algunos miembros que conforman el "pool" de mentes lúcidas y corazones ardientes de este régimen, ("palos gruesos") y otros tantos parientes que pertenecen al club de coreaficionados]
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El gran Estado
Por José Samaniego Ponce
Poco a poco, los textos de los capítulos referentes a la economía en la Constitución están apareciendo y empiezan a ser discutidos por los miembros de la Asamblea Constituyente. Poco a poco también se va plasmando en los artículos de la nueva Constitución y en los mandatos emitidos por la Asamblea la ideología del Gobierno. La Mesa 7 ha sido la encargada de definir los principios que normarán el régimen económico, la política económica, la política fiscal (endeudamiento público, Presupuesto del Estado, la cuenta única, etc.), la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera; la política comercial, el sistema financiero, los sectores estratégicos y las empresas públicas. Pero también otras mesas ya han realizado previamente reformas a las leyes laborales, de régimen tributario interno, de régimen financiero, entre otras. Y bueno, lo que se esperaba se está concretando. El Ecuador se dirige hacia un sistema económico con un sector público muy grande, que dirige, controla y participa en la actividad económica. Que define sectores estratégicos, los controla y puede intervenir en ellos. Que delega la provisión de servicios (como el financiero) a quién, cómo y cuándo defina. Que garantiza la provisión de servicios públicos. Que declara ilegítimas e ilegales deudas contratadas por el Estado. Que planifica, dirige y maneja centralizadamente los recursos del Estado y de las empresas públicas. Que define los precios de los bienes y servicios públicos e inclusive de aquellos que provee la empresa privada. Que fija salarios. Que puede intervenir en los mercados de bienes, de trabajo y de capitales. En fin, el Estado como el principal actor de la economía, el gran empleador y el gran proveedor de recursos para inversión en sectores estratégicos.La economía se va a desempeñar en medio de un mercado de trabajo inflexible y colmado de restricciones. Va a tener que lidiar con un sistema financiero altamente controlado en la canalización del ahorro nacional y con sus precios controlados. Se va a desenvolver en un ambiente internacional que propende a la integración preferente con los países de América Latina, que no promueve los tratados de libre comercio bilateral, que no es favorable a la inversión extranjera directa privada, pero que alienta las inversiones provenientes de empresas estatales del exterior o de gobiernos ideológicamente afines. Es un sistema que no promueve el ahorro del Estado en épocas de bonanza como la actual y que, por el contrario, va a ser el gran dinamizador del consumo y la inversión. Un Estado proclive a conceder masivos subsidios indiscriminados. Un Estado que no se siente cómodo con la descentralización pública de la gestión en los gobiernos locales, y que va a armar un gran aparato burocrático de gestión y control de la economía.El Gobierno está haciendo una apuesta muy arriesgada en el largo plazo porque el Estado no necesariamente actúa por el bien común de la sociedad sino, como se ha demostrado históricamente, para y por los intereses de quienes lo dirigen. Y se atreve a hacerlo porque ahora tiene recursos económicos suficientes para fijar las reglas, como nunca antes en la historia.E-mail: samaniego@hoy.com.ec
[Algunos correaficionados siguen denostando en contra de cualquier persona que, gracias a su sentido común, es capaz de ver mas allá de sus narices, y darse cuenta de lo que se nos viene a futuro. El editorial de arriba fue escrito antes de que la crisis mundial se desatara, y ya de por sí, se vislumbraban un montón de problemas, aún cuando se disponía de harto dinero para derrochar. Los correaficionados los llaman "agoreros" "oráculos" en tono de mofa o de insulto. Yo los considero simplemente personas sensatas.]
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Nuestro primer aborto
Por Simón Espinosa Cordero 06/26/08
El primer aborto del socialismo ecuatoriano del siglo XXI fue la aceptación de la renuncia del presidente de la Asamblea. Éste no renunció por convicción propia sino porque su movimiento político le pidió que "se hiciera a un lado". Fue un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. Una madre que es padre. De este hecho inferimos que la nueva carta política nacerá sietemesina. E inferimos, además, que discutir sobre aborto y vida en la Asamblea fue como si Bill Gates hubiese discutido de computación con Atahualpa. Las dos primeras afirmaciones del párrafo anterior no necesitan de prueba. Han sido confesadas por boca propia: la propia boca del ex presidente Acosta, la boca propia del coordinador de Alianza País, la boca presidencial al perorar que en la Asamblea hubo excesiva democracia. Que fue aborto terapéutico para salvar a la madre se colige del temor a que el "No" en el referendo se volvía más probable si la Asamblea se prolongaba más allá de fines de julio. Que la madre era padre se infiere de la afirmación presidencial: Si gana el "No", me voy. Una de las varias ventajas de este aborto ha sido mostrar que el ex presidente Acosta tenía sangre verde-azulada: nada de marchitamientos ni venganzas. Algo de bueno han tenido los pelucones ecologistas. Noblesse oblige. Del hecho de este primer aborto inferimos que la nueva carta política nacerá con menos libras que lo normal. Esta frase se basa en un simple cálculo: quedan tantos días para dar a luz la nueva carta. Falta la discusión en el pleno de más artículos que días. Falta poner lo discutido en un español- ecuatoriano decente. No habrá tiempo para discusiones reposadas. La carta del presidente Juan José Flores, la de 1843, fue llamada "Carta de la Esclavitud"; la de Gabriel García Moreno, la de 1869, se apodó "Carta Negra". La que nos darán a fines de julio iba a ser una "Carta Verde", pero con la renuncia se convirtió en "Carta Blanca" para el señor presidente Rafael Correa. En fin, discutir sobre aborto y vida en la Asamblea fue como si Bill Gates hubiese discutido de computación con Atahualpa, porque la discusión bioética contemporánea comienza con la pregunta "¿es persona humana el embrión?" Para responderla con prudencia hay que integrar aspectos filosóficos, teológicos, bioéticos, biológicos, de biología molecular, genéticos, embriológicos en apariencia contrarios. De una respuesta prudente, consensuada, dependen la despenalización del aborto, la legalización de éste, la licitud de la reproducción asistida a parejas infértiles, la posibilidad moral de experimentos con células estaminales embrionarias, la creación de embriones con el objeto exclusivo de experimentar con ellos el tratamiento de temblorosas enfermedades indignantes, la clonación terapéutica. Problemas estos relacionados con el hecho de nacer y que no se puede ni debe resolver políticamente calculando si me dan más votos, puesto que el asunto está cargado de emociones que aumentan con la convicción religiosa, con la ignorancia de lo científico, con el humano temor a jugar con la vida.Este primer aborto sucedió en los fuegos de San Juan. La Carta Blanca saldrá para el natalicio de Bolívar. Alberto Acosta ya es de todos. Murió gloriosamente en Montecristi, pero vive en nuestros corazones.E-mail: simeco@hoy.com.ec
[Un poco mas sobre el tema del aborto]
Permítanme analizar el Artículo 46 de la propuesta Constitución:
Art. 46: El Estado reconoce y garantiza la vida, [coma] incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Según este enunciado, y gracias a la posición donde se ubica la coma, la definición de vida queda abierta a la libre interpretación. ¿Cuándo empieza la vida? No está claro. Simplemente se la reconoce y garantiza. Eso si, se incluye en el enunciado, a manera de opción, el cuidado y protección de ésta –la vida-, desde la concepción, siempre y cuando se quiera considerar que la vida empieza en la concepción; de lo contrario, será desde cuando, de forma artificiosa y por definición legista y no natural, se dictamine cuando la vida empieza. Es decir, se permite la interpretación del enunciado por parte de alguien. Y cuando la interpretación proviene de un juez que dirime una causa, se puede decir que se ha sentado jurisprudencia. Si el juez considera que la vida no empieza desde la concepción, (al interpretar este enunciado) y luego emite su sentencia en base a su propia interpretación, ésta, tranquilamente puede dar cabida al aborto. He ahí el reparo de la Iglesia y grupos cristianos. La puerta al aborto ha quedado abierta.
Ahora permítanme contraponerlo y contrastarlo con el texto que fue propuesto por la Iglesia Católica y grupos cristianos.
El Estado reconoce y garantiza la vida incluido el cuidado y protección, [coma] desde la concepción.
El enunciado (propuesto, mas no incorporado) implica y asume que la vida empieza desde la concepción, y no da cabida a ninguna interpretación. Es decir, sentar jurisprudencia sobre este enunciado, no es factible, pues no está abierto a la interpretación por parte de un juez, ya sea pro aborto, o pro vida.
Y dado que, el proyecto de constitución ya ha sido redactado, aprobado y puesto a consideración del pueblo, no se lo puede alterar. Por lo tanto, la Iglesia no tiene otra opción que defender la vida, (uno de sus principios básicos) cuando esta se ve amenazada desde una constitución mañosa, que deja la ventana abierta para el aborto. En este tema, no existen fundamentalismos, ni oposiciones ciegas. Los argumentos son claros y evidentes.
Atentamente,
Juan Sebastián Utreras-Carrera, MD
Apertura al aborto
Por Eduardo Castillo Barredo 08/08/2008
No hay solo una sino varias puertas abiertas al aborto por el régimen de la Revolución Ciudadana. Lo pruebo a la luz de la razón y de los hechos, con varios botones de muestra y en orden cronológico. El primero de los cuales es una confesión de parte, por escrito, al pie de cuyas páginas aparece textualmente como fecha: 22/11/06.Pero cuatro días antes de esa fecha, el 17 de noviembre de 2006, el entonces candidato presidencial de Alianza País protocolizó ante el Notario Primero de Montecristi, Manabí, su Plan de Gobierno al que llamó “Mi compromiso con el país”, con 21 puntos programáticos, en ninguno de los cuales se puede leer lo que claramente dice el posterior escrito aquel 22 de noviembre de 2006, al que pude acceder ayer, momentos antes de escribir este artículo, entrando por internet al sitio http://www.rafaelcorrea.com/. Se trata del “Plan de Gobierno del Movimiento PAIS 2007-2011”, en cuya página 66, entre otras cosas, textualmente se dice: “Con respecto a políticas afirmativas a favor de las mujeres, se auspiciará (…) la ampliación de causales de despenalización del aborto”. Aunque con este primer botón de muestra basta y sobra, ¿quieren más?He aquí otro botón, al que me referí en mi artículo ‘El aborto ya es de todos’, de 31 de agosto de 2007. Fue tras “leer el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, recién publicado en detalle, por así disponerlo mediante acuerdo de 6 de marzo de 2007 la actual ministra de Salud, doctora Carolina Chang, en representación del Presidente de la República”, como entonces escribí. Añadí que “en ese Cuadro se incluye el Levonorgestrel-Tableta 0,75 mg., autorizándolo a todo nivel”. Recordé a los lectores que la pastilla Postinor-2, cuya “inscripción de medicamento” había suspendido definitivamente la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, contenía como “medicamento básico” precisamente el Levonorgestrel-Tableta 0,75 mg. “cuyo tercer efecto eventual se contrapone al derecho constitucional a la vida humana desde su concepción”. Y terminé preguntando: “¿Qué pensarán de esto y, sobre todo, qué podrán hacer al respecto”, entre otros, “los que se autoproclaman católicos practicantes?”. En ese momento sospechaba la respuesta. Ahora, cuando ha pasado un año sin que ese eventual abortivo salga del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, ya conozco con certeza la respuesta.Finalmente, un tercer y último botón de muestra, de entre los diversos que hay en el proyecto de nueva Constitución. No escojo, por cierto, el del artículo 45, de discutible inocencia. El mismo que, de paso, se lo usa como “gancho”, para detener allí la discusión seria y a fondo sobre el aborto. Y hasta como ligera e insolente propaganda, en la que una actriz en paños menores encara con tres repetitivas palabras al Arzobispo de Guayaquil y Presidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador.Escojo más bien el botón del artículo 66, numeral 10 y resumo que según su texto: a) lo que se permite sin limitaciones “decidir” no es a “procrear” (verbo usado en la Constitución de 1998, que significa engendrar, lo cual solo cabe antes de la concepción), sino a “tener” (verbo con 24 acepciones y significados diversos, aplicable también para después de la concepción), b) por eso se ha introducido la voz “cuándo”, relativa a cualquier tiempo anterior o posterior a la concepción; y, c) también se ha introducido la expresión “cuántas hijas e hijos tener”, relativa al número a tener conforme al sexo diferenciado, lo que solo es posible conocer después de la concepción y a partir de las 16 semanas del embarazo. ¡No nos engañemos: el nuevo proyecto admite, con manga ancha, la libre elección del aborto!
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Desde el disparadero
Por Francisco Febres Cordero 08/10/08
Contemplamos, absortos, cómo la discusión se va desviando hacia temas en que los fanatismos más absurdos afloran. De pronto, las objeciones al proyecto de la nueva Constitución se centran en que en el texto se nombra a la Pacha Mama antes que a Dios, cuando ni la una ni el otro deberían constar ahí.De pronto, quienes no hablan ni español ni quichua elevan su voz de protesta porque su lengua vernácula no está representada.Entonces, el problema de la Constitución pasa por haber puesto palabras, frases, artículos para buscar quedar bien con todos los posibles votantes, sin conseguirlo. Al contrario, tanta palabrería, tantos términos imprecisos, ambiguos, confunden, más que aclaran, dificultan el entendimiento del texto, más que lo facilitan.Y es que los asambleístas pretendieron que en esa Constitución, elaborada tan a saltos y a brincos, estuviera regulado todo. El galimatías comenzó porque si se nombraba a los ecuatorianos, había que nombrar también a las ecuatorianas; si a los niños, a las niñas; si a los ciudadanos, a las ciudadanas, por eso de la igualdad de géneros y lo “políticamente correcto”. Hecho eso, todo lo demás era previsible: el resultado es ese texto inacabable cuya lectura transmite a los ciudadanos (y ciudadanas) el mismo cansancio soporífero que los asambleístas (y las asambleístas) sintieron durante esas noches de insomnio en que ni siquiera sabían lo que estaban aprobando, ni si los textos eran los que ellos habían redactado o eran otros, salidos de algunas manos desconocidas que los escribían en algún lugar ignoto.
Hasta que ahora todo es oscuridad y confusión. Y todo, también, es una duda que difícilmente se puede resolver con un sí o un no.De por medio está el miedo de regresar al pasado, a esa espantosa partidocracia, a la diputación de los manteles y hasta, como dijo Alberto Acosta, al fin de la dolarización y el retorno al sucre como moneda nacional. Pero de por medio está, también, la instauración de un congresillo integrado por unos asambleístas que se arrogan facultades que no tienen con la misma sangre fría con que elaboraron esos mandatos para los que nadie les autorizó, o unas facultades presidenciales que permiten nombrar autoridades de control y jueces y, además, auguran una larga permanencia en el poder del mandamás de turno, reelección mediante.Estamos, pues, sitiados. La intransigencia, la falta de diálogo, la imposición de absolutos nos han conducido hacia el disparadero: si volvemos la vista atrás, hay oscuridad y oscurantismo, llanto y crujir de dientes; si vemos hacia delante, divisamos el perfil de una patria que está siendo dibujada con el duro trazo de la intemperancia y la prepotencia y, con el pretexto de que ahora ya es de todos, pintada con los colores del irrespeto a las personas, las instituciones y las leyes.Lo que jamás imaginamos es que nuestra voluntad de cambio, que se expresó en las urnas, nos colocaría ante una disyuntiva aterradora en que las voces del pasado vuelven a escucharse, nítidas, y las del presente invocan un futuro tan contradictorio, equívoco y confuso como los textos de esa Constitución salidos de la noche, el caos y el absurdo.
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[Las incoherencias y contradicciones de quienes nos gobiernan. Una muestra mas de que simplemente acomodan las cosas a sus conveniencias. La dialéctica vale un carajo.]
Avanzar al pasado
Por Carlos Jijón 08/14/08
La vida da vueltas. Veo en la televisión que más de cien movimientos se han inscrito en el Tribunal Supremo Electoral para hacer campaña a favor o en contra del proyecto de nueva Constitución. Los medios lo informan sin ninguna sorpresa, como si fuera lo más normal. A fines de la década de los setenta, cuando empezaba esta etapa democrática, hubiera sido un escándalo. No existen 100 ideologías en el mundo entero, hubieran dicho, escandalizados ante esa dispersión de las fuerzas políticas que permitían el triunfo de los más fuertes.Para combatirlo, la izquierda de entonces impulsó lo que se conoció como el "régimen de partidos", y hoy llamamos "partidocracia". Ahí estaban René Maugé, Julio César Trujillo, los líderes de la entonces naciente Izquierda Democrática. Había que dotar a la sociedad de unos partidos políticos fuertes, teorizaban, que arrebaten el poder a la oligarquía y al populismo. Con ese objetivo, se prohibió la reelección, para evitar que el presidente en funciones utilice todo su poder en la campaña electoral; se estableció que los partidos debían ser financiados por el Estado, para impedir que solo los ricos puedan actuar en política; y se legisló que solo los afiliados a los partidos podían ser candidatos a una dignidad de elección popular. En contra estaba León Febres Cordero. A fines de los setenta y hasta bien entrados los ochenta, defender el régimen de partidos era una consigna de la izquierda. A tal punto que, cuando llegó a la Presidencia, Febres Cordero convocó a un referendo (que perdió abrumadoramente), para eliminar la obligación de estar afiliado para ser candidato. Ser "independiente", abominar de los partidos, era el discurso de la derecha. Pero la vida da tantas vueltas. La misma izquierda que, hace 30 años, impulsó el régimen de partidos, ahora lo combate. Hasta movimientos como Pachakutik, que se beneficiaron de unas leyes que permitían que unos hombres y mujeres sin recursos puedan organizarse políticamente, ahora denuestan de la "partidocracia". Y como si estuvieran creando un nuevo futuro nos venden las mismas normas del pasado. Peor aún. Postulan que un diputado elegido por el pueblo es sospechoso de pertenecer a la "partidocracia corrupta" y plantean que se lo despoja del poder para designar, por ejemplo, a un contralor. Y pretenden entregar ese poder a una persona a la que no ha elegido nadie. Antes creíamos que se debía prohibir la reelección para evitar la imagen de un Presidente de la República subastando la República en un baratillo de ofertas con tal de ganar las elecciones. Sosteníamos que había que limitar los movimientos electorales que solo servían para consolidar los caudillismos. Defendíamos la idea de fortalecer unos partidos políticos democráticos. Hoy, la nueva izquierda, enarbolando los principios de la antigua derecha, nos dice que estábamos equivocados. Que ahora sí estamos avanzando, hacia el velasquismo. E-mail: carlosj@hoy.com.ec
De regreso al pasado
Por Thalía Flores y Flores
Un trabajo de filigrana encargado no solo a los más hábiles políticos, sino a quienes no les importa burlar leyes y atropellar procedimientos, ha llevado al Gobierno de la revolución ciudadana a apoderarse de todas las instancias del poder en apenas 18 meses de gestión.No contentos con la incondicionalidad del TSE, acaban de dar un manotazo a los tribunales provinciales, forzando las leyes, al más puro estilo de la abominable partidocracia. Pero como ahora son ellos y no los otros que los ejecutan, esto transforma a la burda acción en una movida "digna y justa".El membrete de revolucionarios parece haberles dotado de un blindaje total. Hacen lo que les da la gana sin que autoridad alguna ose siquiera recordarles que hay leyes que respetar, so pena de ser ellos los descalificados o echados del cargo.Con una hipocresía insospechada en quienes juraron representar lo nuevo, han tomado el control del andamiaje institucional y hoy manejan todas los hilos del poder al punto que, sin contrapesos, el Ecuador del siglo XXI resulta ser un remedo de democracia.¿A quién representa el fiscal general de la Nación, un funcionario que se ha pronunciado por el Sí en el referendo? Al Gobierno. ¿A quién obedecen el contralor, el procurador y el defensor del pueblo? Al Gobierno. ¿Quiénes nombraron superintendentes de Bancos y Compañías? La mayoría oficialista de la Asamblea. ¿Quién movió a las autoridades del Banco Central hasta conseguir coparlo con sus incondicionales? El Gobierno. Los mismos que gritaron en las calles contra la "Pichicorte" del "dictócrata" hoy se aprestan a usar la tómbola para rifar a los jueces en una grotesta metedura de mano a la justicia. Y, sin ruborizarse, justifican la acción en una muestra de atrofia de su sentido de democracia.Políticamente vivimos una autarquía. A Alianza País solo le falta controlar la Asamblea Nacional o Congreso, desde el inicio, para que no haya necesidad de llevar a los diputados de oposición a una hostería de Puembo y transformarlos en manteles.A todo esto se suma la arrogancia de las autoridades, una antigua patología de quienes detentan el poder al punto que ni siquiera se molestan en matizar sus animadversiones. A los amigos de ayer se los maltrata y se los pone bajo amenaza, para garantizar su incondicionalidad.Pero al mandamás y a sus adláteres sigue molestándoles no controlar las voces independientes y sin temores que aún hay en el país, a las que parece no haberles afectado la nada humanista descalificación ni la poco cristiana burla y ojeriza amenazadora. El escenario ecuatoriano del siglo XXI se parece al de Rebelión en la granja, célebre obra de George Orwell, que caricaturiza una revuelta de los animales que, a inicios del siglo pasado, queriendo cambiar todo y hacer la revolución, terminan repitiendo lo antiguo y así llegan al totalitarismo. Alianza País ofreció terminar con los gerentes propietarios de la partidocracia y el control total del Estado, pero su revolución ciudadana parece un regreso al pasado. E-mail: tflores@hoy.com.ec
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ANÁLISIS DE HOY 08/19/08
Las 524 promesas
Mientras la campaña por el Sí y por el No del referendo del 28 de septiembre para aprobar o rechazar el proyecto de Constitución se ha intensificado, sobre todo por parte del Gobierno, el diario Expreso reveló ayer que están retrasadas el 60% de las metas trazadas por el presidente Rafael Correa y su buró político a inicios de su mandatoEn total, el Gobierno ha hecho 524 prometas sobre política y gobernabilidad, economía y desarrollo productivo, que debían ser canalizadas y puestas en práctica por los diferentes organismos y ministerios, los existentes y los nuevos.Para hacer el balance, Expreso desglosó las promesas gubernamentales en indicadores que pueden medir su grado de cumplimiento, 2 117 en total, registrados en el Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (Sigob).El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, está a la cabeza de los incumplidos. En esa instancia, el Gobierno se había planteado 19 metas institucionales, y el cumplimiento registrado hasta ahora, según el Sigob, es del 0%.Patiño, una de las cabezas más visibles del buró político de Alianza País, ha estado más concentrado en el trabajo dentro de la Asamblea Constituyente para sacar una Constitución a gusto de Carondelet.Lo mismo ocurre en el Ministerio Coordinador de la Producción, que tiene 0% de avances en el 36% de sus índices de los 374 proyectos; también en el Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural; en el Coordinador de los Sectores Estratégicos, y en el de Seguridad Interna y Externa.En este último Ministerio, su titular Gustavo Larrea, otra de las piezas clave en el buró político de Alianza País, ha dedicado más tiempo a desvirtuar su supuesta vinculación con las FARC, desde el ataque a un campamento de la guerrilla colombiana instalado en suelo ecuatoriano, en el que murió Raúl Reyes, líder histórico de ese grupo armado irregular.Pero más grave aún resulta que de las 110 instituciones del Gobierno encargadas de vigilar y cumplir las metas, casi la mitad, 54, no entregaron información sobre el avance de los proyectos, solicitada por la Secretaria Nacional de Planificación.¿Dónde está la transparencia de la que tanto se jacta el actual Gobierno? ¿Dónde está la rendición de cuentas del mandante a sus mandatarios? ¿Por qué el presidente Rafael Correa no usa los repetidos espacios en radio y televisión de los sábados y sus cadenas nacionales repetitivas en cualquier día y hora de la semana para hablar de estos temas y para explicar el cumplimiento de sus promesas?La respuesta es sencilla: eso no da réditos políticos. Porque en el país, de manera peligrosa, se ha instalado la táctica del insulto y de la descalificación para evitar una real rendición de cuentas. E-mail: analisis@hoy.com.ec
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Correístas
Por Teodoro Bustamante P.
A estas alturas de la gestión gubernamental es clara la existencia de dos tendencias diferentes al interior de los partidarios del actual jefe de estado. A unos de ellos les podemos llamar los emancipadores; son aquellos que creen en alguna o en todas las proclamas éticas que giran en torno a la lucha contra la opresión, son vinculados a los movimientos sociales. Hay un segundo grupo, a los que llamaremos los desarrollistas: pragmáticos, a quienes les encantan las grandes obras, y reivindican un poder central fuerte. Estos dos grupos están esencialmente opuestos y en conflicto. En esta descripción no hemos incluido a los grupos que se dedican a filmar videos ilegales, a mantener oscuras negociaciones sobre la deuda externa, a los que manejan las gigantescas cuentas de publicidad gubernamental como patrimonio personal. Tampoco incluimos a los que se dedican a comprar los diputados de los mantelitos o meter mano groseramente en los tribunales electorales. Estos son parte de la misma vieja política decadente que se apegan a cualquier régimen. A pesar de ello, parecen ser los que verdaderamente conducen el poder.Estos dos últimos grupos son los beneficiados con las disposiciones transitorias, los que esperan cosechar con la acumulación de poder absoluto que las medidas transitorias proponen. Su objetivo es claro: practicar con la venia presidencial todos los abusos que ya han comenzado a exhibir. Pero para los otros dos grupos la Constitución también tiene regalos. A los que se identifican con la "emancipación" se les entregan declaraciones abundantes sobre derechos y mecanismos para reclamarlos por mil vías diferentes. A los otros, la concentración centralizada del poder y la anulación de todas las concesiones a los primeros a través de los poderes exacerbados del presidente. De aquí surge el hecho que de aprobarse el proyecto de Montecristi, estos dos sectores, tendrán que inevitablemente enfrentarse en una guerra sin cuartel. Están en el mismo barco, pero en realidad sus proyectos son radicalmente opuestos.Los primeros deberán utilizar todo lo que les ofrecieron en la Constitución para obtener rápidamente mayor autonomía, para consolidar sus esferas de poder con grandes rasgos gremiales y tendrán tanta más necesidad de ser muy fuertes en sus reclamos cuanto necesitan convencerse a sí mismo de que la retórica constitucional no fue solamente una hábil maniobra para ponerlos a la cola del centralismo presidencial. El segundo grupo, el desarrollista tiene la necesidad de lanzarse a cooptar, frenar o desarmar la autonomía de esos movimientos y debe hacerlo también rápido. El Ejecutivo tratará de mantenerlos unidos inventando un enemigo común, los pelucones, la partidocracia, cualquier invención que mantenga la subordinación de estos contradictorios sectores a las veleidades del ejecutivo. Eso solo podrá postergar esa guerra a muerte. Pero esa guerra, vendrá. Se verán obligados a arrastrar a todo el país, destrozándolo y devorándose en ello. Por eso lo mejor para los correistas (a excepción de los rapiñeros que hemos descrito) es al igual que para el Ecuador que ese proyecto no gane. Salvémoslos de su propia miopía. E-mail: tbustamante@hoy.com.ec
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¡Se fregó el Obama!
Por Francisco Febres Cordero
¿Se emocionaron con el triunfo de Obama? Yo también. Es que después del presidente más tonto, enfatuado, abusivo y tramposo que ha tenido el imperio a lo largo de su historia, llega uno inteligente, joven, negro. Y demócrata. Capaz de insuflar esperanzas en un nuevo destino. Pero lo que más me gustó fue su discurso, en que reconoció los méritos de su adversario y su aporte a la nación a lo largo de su vida, para luego pedirle colaboración en su gobierno. ¡Qué entereza! Dejó atrás las luchas de campaña y, con un gesto de auténtico triunfador, le tendió su mano. Luego, llamó a todos, partidarios y opositores, a trabajar unidos por un país mejor.Pasada la emoción que me produjo ese discurso, ¡me pegué un susto! Y es que, escuchando a Obama, creo que anda medio equivocado en su manera de hacer política y, por eso, le puede ir muy mal en su gobierno porque, en los nuevos tiempos que corren, los líderes ya no deben actuar con altruismo y visión de futuro. Ese estilo como que quedó totalmente out. Ahora, los nuevos líderes tienen que hacer sentir todo el peso de su poder y lograr que sus adversarios muerdan el polvo de la derrota y, por lo tanto, se excluyan, se esfumen, desaparezcan para que en el firmamento brille solo la estrella refulgente del vencedor, que se erige en dueño absoluto de la verdad, poseedor de todas las virtudes, luz y guía del destino. Por eso, en lugar de decir que MacCain es un ciudadano ejemplar, más bien era de que diga que es un digno representante de la partidocracia y que por eso va a ser sepultado en el olvido de esa larga noche neoliberal que su patria ha vivido con Bush. ¡Qué bien que hubiera quedado! Fu, con esa frase, seguro que desde ya ganaba la reelección.¡Qué tonto el Obama! Perdió la gran oportunidad de reivindicar su victoria y engrosar las filas de los mandatarios verdaderamente revolucionarios. ¡Cómo ha de desperdiciar ese instante para decir que les dio tres a uno a los de Bevery Hills de Samborondón, que es donde viven los republicanos pelucones! Eso hubiera hecho delirar a las masas que, frenéticas, hubieran comenzado a corear three to one, three to one, we win, we win.Y, además, sí era que esté un poquito mejor preparado para la celebración y vaya llevando una orquesta, por lo menos. ¡Más secote! Le bastó con besar a su mujer y a sus hijas y abrazarse con sus colaboradores, y se fue a dormir (algo que tampoco se usa en estos tiempos de insomnio revolucionario). Una cancioncita era por lo menos que cante sobre la tarima, aunque sea esa que dice the people united nevertheless will be vencited, lo que le hubiera asegurado el apoyo a la hora de disolver el Congreso (como hace cualquier líder moderno que se precie) para, por fin, cambiar la Constitución y después instalar el little congress presidido por algún Lamb de por ahí. ¡Eso es pues revolución!¿Y ahora, qué hará Obama sin tener a quién insultar, sin tener con quién peliar, sin tener qué disolver, sin tener a quién echar la culpa de sus propios errores? O sea, perdió el gran chance de ser un auténtico líder, amo y señor de cortes, tribunales y diputados. Ante eso, le va a tocar solo sentarse a gobernar. ¡Ya se fregó!
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Escuche, señor Presidente
Usted afirmó que en el Ecuador no rige el Estado de derecho. Lo fundamentó en la acefalía en que se encuentra la Corte Suprema de Justicia.
Esta apreciación de su parte es incompleta y merece ser complementada a la brevedad posible, por el bien del Ecuador.
Un Estado puede ser calificado de derecho, según la doctrina jurídica actual más autorizada, (Rodríguez-Arana, Delpiazzo, Cassagne, González Navarro, etcétera.), cuando confluyen dos circunstancias principales: la primera, el sometimiento pleno del poder al ordenamiento jurídico, lo que implica ausencia de actuaciones exentas de control jurisdiccional; la segunda, cuando es palpable el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales, lo que implica entre otros, la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, que encuentra su realización cuando los ciudadanos cuentan con una administración de justicia imparcial, ágil, transparente y que obra con absoluta independencia ante cualquier Función del Estado.
Durante su gobierno, han existido numerosas actuaciones de órganos imbuidos de poder que no han podido ser sometidas al escrutinio judicial. Así, los Mandatos de la Asamblea Nacional Constituyente o las incautaciones llevadas a cabo ilegalmente por la Agencia de Garantía de Depósitos, son muestras evidentes de espacios de poder omnímodos.
Así mismo, durante su gobierno, muchas actuaciones suyas y de sus colaboradores han contravenido de forma evidente y manifiesta el ordenamiento jurídico: las declaratorias de emergencia para eludir el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública o la presencia de Fuerzas Armadas en Petroecuador.
Muy grave también es la ausencia de tutela judicial efectiva, que se constata por una justicia que, salvo excepciones, no ofrece mínimos de independencia, que es corrupta, lenta, acomodaticia y sumisa al poder.
En el Ecuador, y eso nadie lo duda, la administración de justicia colapsó hace muchos años. Lo mismo el Ministerio Público.
Probablemente le hayan hecho creer que se volverá al Estado de derecho dictando una ley para prorrogar a los ex magistrados de la Corte, con lo cual una vez más se romperá la Constitución, confirmando que las soluciones políticas se imponen por sobre las jurídicas. ¿Ya se olvidó que este era el modus operandi de la partidocracia?
El que se reconstituya la Corte, ¿reinaugurará el Estado de Derecho en el Ecuador? La respuesta, señor Presidente, es obvia.
Otros seguramente le harán creer que el problema de la justicia se solucionará con unas pocas reformas a la ley penal. No sea ingenuo. No cometa el mismo error de quienes aceptaron la propuesta de combatir la delincuencia inventándose, inconstitucionalmente, la figura de la detención en firme, con lo cual no hicieron más que burlarse de la Constitución, destrozando la tutela judicial efectiva. Hoy quieren hacer lo mismo eliminando la audiencia preliminar y las apelaciones.
El problema es mucho más profundo. Lamentablemente, en su círculo, creo que a nadie le interesa encontrar la solución. ¿Le interesa a usted?
Si a usted le interesa, es urgente que lidere una reforma absoluta en el sistema, para lo cual es vital formar jueces. No se puede simplemente escoger a abogados, por muy probos que sean, para que actúen como jueces, así como no se puede simplemente escoger a médicos generales para que realicen operaciones de corazón abierto. El cambio es urgente y posible y debe fundamentarse en la formación. Por ello, Baltasar Garzón ha señalado, con acierto, que el mejor antídoto ante las presiones es la fortaleza del conocimiento.
Joffre Campaña [Abogado defensor del hermano del Presidente, a quien se le imputa el haber gestionado un favoritismo a la empresa Ivanhoe en un asunto de explotación minera-petrolífera, a cambio de sendos regalos y mejoras en su estatus de vida... (Irónico por decir lo menos!)]
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Palabras dulces y acciones peligrosas
Por Pablo Lucio Paredes
Ya llevamos casi dos años de revolución ciudadana y sus dulces palabras engatusadoras de solidaridad, lucha contra la pobreza o soberanía… pero la realidad es otra.1) El himno a la juventud y la rebeldía (la nueva Constitución nos da el derecho a ser rebeldes). Pero esto solo es válido contra los demás, jamás para expresarse contra la revolución ciudadana, que por perfecta nunca puede ser cuestionada. Ahí están los chicos de la Católica de Guayaquil. Enjuiciados y perseguidos por una justicia manipulada “por atentar contra el Presidente”. ¿Ha visto usted que estos jóvenes hayan agredido físicamente al Presidente o a su entorno (por más esfuerzos que la propaganda estatal haya desplegado)?2) El poner a las empresas extranjeras en su sitio. Pero tenemos dudas sobre el alcance de las negociaciones, o las reales ganancias para el país. En el caso de la negociación “personalísima” con Porta. Y el caso Repsol es extraño, porque se ha bajado el famoso impuesto del 99% al 70%, el precio de base para el cálculo de regalías extraordinarias ha subido a más de 40 dólares (es decir que con los actuales precios del petróleo ya no existen prácticamente ingresos extraordinarios), y peor aún, se les ha alargado en cinco años su contrato. A cambio, un solo factor importante: aumenta la participación estatal. ¿Lo uno compensa lo otro? ¿Solo compensa, o realmente genera excedentes importantes para el Gobierno como para justificar tanta alharaca y paralización de la inversión y producción durante casi dos años? Otro misterio de la transparencia ciudadana.3) Vilipendiamos a los diputados por sus sueldos astronómicos. Pues ahora la nueva escala salarial de la Asamblea se acerca a los 5.000 dólares mensuales, más que en Montecristi y mucho más que la partidocracia. Según se dice, “la calidad del trabajo es infinitamente diferente”… puedo expresar, de primera mano, mis dudas…4) En Montecristi se repitió y proclamó que las nuevas autoridades serían electas con procesos abiertos, transparentes y profundamente ciudadanos.Tenemos ya el primer caso fallido: la elección de la Corte Electoral fue exactamente la repetición del oscurantismo de siempre, una misteriosa página web, un listado precocinado y el apuro de las últimas horas. Y ahora viene la Participación Ciudadana que parece ir por el mismo camino. ¿Nos sorprenderán en el camino del parecer al ser?5) Se habla de una profunda (y válida) lógica fiscal “los ingresos petroleros financian inversión, de tal manera que si cae el petróleo se suspenden inversiones”. Muy lógico. Sin embargo, el petróleo ya ha caído y se anuncia que la inversión aumentaría del 10% al 13% del PIB (2.000 millones de dólares más). ¿Comprensible? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿La necesidad de ganar elecciones supera a la sensatez? Y mientras tanto no encontramos (ni con lupa) refinerías, carreteras e hidroeléctricas que “no se hicieron en la larga noche neoliberal y la revolución ciudadana sí ha emprendido”.6) Decisión soberana de retornar a la OPEP. Primer impacto: recortar la producción. ¿Y a cambio? ¿Gran estrategia?¿Dónde quedan las palabras ante los hechos?
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¿Qué prevalece, el mandato del pueblo o la decisión de una mayoría legislativa condicionada a la ratificación de la población?
Por Fabián Corral B.
La vigencia de la Constitución Política, (CP) aprobada por referéndum del 28 de septiembre y promulgada el 20 de octubre del 2008 (R.O. 449, 20.10.008) empieza a generar los efectos que eran previsibles y otros no tan evidentes, pero ciertos.
La verdad es que el sistema legal se está complicando, no solamente por la falta de previsión y la indebida formulación del Régimen Transitorio, sino también en temas más cotidianos , porque tienen que ver con la básica seguridad jurídica que los ciudadanos se merecen.
I.- Los mandatos.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) interpretó a su arbitrio y en forma extensiva las facultades que le dio la ciudadanía para hacer exclusivamente un ‘proyecto’ de reforma constitucional y un ‘proyecto’ de reestructuración institucional -ambos sometidos a posterior referéndum- y se autoasignó potestades para expedir mandatos, leyes, resoluciones, etc.
Dispuso que esos mandatos no son impugnables ni susceptibles de control alguno por los poderes constituidos, y amenazó a jueces y tribunales que tramiten acciones contrarias a la voluntad política de la ANC, con enjuiciamiento y destitución.
Declaró, además, que sus mandatos son superiores a cualquier norma jurídica. Recordemos que la ANC no tuvo facultades legislativas ‘perfectas’, porque no podía expedir las reformas constitucionales e institucionales, sino en virtud de referéndum aprobatorio.
Sus ‘plenos poderes’ fueron, paradójicamente, limitados y condicionados. Al amparo de esa ‘autoasignación’ de poderes, la ANC dictó varios mandatos y leyes. Todo esto ocurrió antes de la vigencia de la nueva Constitución. La pregunta es ¿qué ocurre con los mandatos frente a la Constitución aprobada por referéndum?
II.- La incompatibilidad constitucional de los mandatos.- En varios aspectos, los mandatos presentan frontal conflicto con las disposiciones de la CP, así: a) La Constitución no incluyó los mandatos como parte del ordenamiento jurídico del país (Art. 425), por lo mismo, quedaron en un limbo jurídico;
b) La Constitución prevalece absolutamente sobre cualquier otra norma jurídica y sobre los mandatos, en caso de que se sostenga que forman parte del ordenamiento (Art 424);
c) en caso de contradicción con la Constitución, los mandatos carecen de eficacia jurídica (Art. 424);
d) La Constitución establece imperativamente que todo precepto, norma o disposición del poder es impugnable (Art. 436, nº 2,3), en tanto que los mandatos se declaran blindados contra toda objeción, esa condición es inconstitucional;
(e) los actos administrativos derivados de los mandatos se pretenden incuestionables, pero la CP establece, sin excepción, que los actos de cualquier autoridad son impugnables, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial (Art. 76, lit. m) y 173).
La vigencia de la CP, colocó a los mandatos en situación de inconstitucionalidad, en virtud del principio de jerarquía normativa, que no admite excepción. Este precepto opera en el supuesto de que los mandatos fueren parte de tal ordenamiento, que no lo son, porque la CP olvidó incluirlos. Las contradicciones con la CP producirán ineficacia jurídica.
III.- La derogatoria general de la Constitución.- La CP vigente dispone: “Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 1, del día 11 de agosto de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución”.
Doctrinariamente, se trata de una derogatoria orgánica, eso es, alcanza, sin excepción, a toda disposición, de cualquier jerarquía jurídica que, de algún modo, contradiga a las normas constitucionales, independientemente de su origen o naturaleza. Cuando se trata de oposición normativa en que esté involucrada la CP, la derogatoria opera ipso iure, de derecho, y así deben entenderlo los jueces y autoridades, ya que, de otro modo, quedaría en duda la eficacia normativa y vinculante de la Carta Política.
Por otra parte, debe considerarse que la Constitución que excluyó del ordenamiento jurídico a los mandatos, tiene condiciones políticas y legales especiales, ya que fue expedida por referéndum aprobatorio, en tanto que los mandatos fueron fruto de la interpretación de los asambleístas. ¿Qué prevalece, entonces, el mandato del pueblo o la decisión de una mayoría legislativa cuyos actos, sin excepción, estuvieron condicionados a la ratificación de la población? La CP dicta que todo lo contrario a sus disposiciones carece de eficacia legal y esto se produjo desde la fecha de vigencia de la norma superior.
IV.- Imposible convivencia.- La confrontación entre la Constitución y los mandatos hace jurídicamente imposible su convivencia. De admitirse semejante coexistencia, se generaría una situación de facto incompatible con un sistema de reglas jurídicas. Quedaría en entredicho la calidad de ‘Estado Constitucional’ a que alude el Art. 1 de la CP.
Quedaría en entredicho el concepto de ‘soberanía popular’, según el cual la voluntad de la población -expresada en el referéndum- es el fundamento de la autoridad. Quedaría en entredicho la idea de que en todo Estado organizado, la voluntad popular se ejerce a través de los órganos del poder público, y se generaría una compleja situación de ‘vigencia parcial’ de la Constitución, en los espacios que pretenden ocupar los mandatos.
Algunas autoridades sostienen que los actos administrativos que expiden basándose en los mandatos, no son susceptibles de impugnación. Este criterio es absurdo e ilegal tanto por la precaria condición de los mandatos derogados, cuanto porque la supuesta imposibilidad de impugnación se refiere a los mandatos en sí, y no a los actos de autoridades derivados de ellos.
No se puede interpretar que los mandatos prevalecen sobre la Constitución; que los actos provenientes de los mandatos supriman la posibilidad de impugnar, o que por su aplicación se habría derogado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la competencia de los jueces para conocer temas que involucran derechos como el de impugnación y las garantías del debido proceso.
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[Colorín colorado, este cuento no se ha acabado...]
