La putrefacción moral es una cosa de todos los días en Ecuador. "Si este tipo roba, ¿por qué yo no he de robar?" Si el gobierno hace tal o cual cosa (que en es moralmente deleznable), la gente se pregunta: ¿por qué no hemos nosotros de hacer lo mismo?
El escándalo de PETROECUADOR es una prueba más, de la irrefutable noción de que en el Ecuador, la mentalidad colectiva e individual están descompuestos, y que esa, es la tierra de las mamás de Tarzán.
Siguiendo la idea del párrafo inicial, un grupo de gente dobló la ley y sacó beneficio de ésta. Tal parece, de todos los empleados que han sido despedidos, un gran número, ni siquiera tenían idea de que estaban inmersos en un acto de corrupción o de que habían sido incluídos en el paquete de accionistas de una empresa ilegítimamente constituída.
Tendrán que investigar las autoridades. (¿cuáles?)
Lo irónico del caso es que la Secretaría de Transparencia, haciendo gala de algo nunca antes visto: transparencia, se hizo eco de la denuncia que nos ocupa y como medida inicial, gestó el despido de unos 500 empleados de PETROECUADOR.
Es irónico, porque una de las razones por las que se sustenta el despido de estos empleados y la acción legal correspondiente, es que la conformación de esa empresa se dio en medio de una declaratoria de "emergencia" por parte de un gobierno anterior y por lo tanto, se le asignó a "dedo" y sin licitación de por medio el jugoso negocito por el cual se ha iniciado la investigación por corrupción. Los puritanos del gobierno ahora dicen que no habían causales para la tal declaratoria de emergencia.
Solo en Ecuador, podemos ver como el burro critica las orejas del conejo, y el sapo habla de bocas al cocodrilo.
Algunos empleados de PETROECUADOR, por lo visto, hacían de juez y parte en estos negocitos. Los puritanos del gobierno aseveran que eso no puede ocurrir con empleados públicos.
Lo extraño de todo esto es que el gobierno de las manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes, a través de su líder máximo se la han pasado por más de 3 años, declarando emergencias a diestra y siniestra y por lo tanto, asignando a dedo los contratos a un sinfín de empresas para la ejecución de obras y proyectos. Y para más inri del asunto, muchos de esos revolucionarios del gobierno, tienen participación directa en dichas empresas. Y si no me creen, pregúntenle a los hermanos Alvarado.
En un arranque de moralismo, el gobierno acusa y condena a otros de y por lo mismo que ha venido haciendo en estos tres años los robolucionarios del siglo XXI.
El cinismo e impunidad son manifestaciones propias de los malandros cuando encuentran que otros les están haciendo la competencia.
¿Será posible que en esta vida la Secretaría de Transparencia, con similar acuciosidad y premura, analice igualmente, si las declaratorias de emergencia de este gobierno ameritaban tal acción; y será que investiga los conflictos de intereses de los honorabilísimos miembros del gobierno que tienen participación en las empresas asignadas "dedocráticamente" para cumplir con las patrióticas tareas a ellas asignadas?
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