Rumores y paranoia

Escucho hablar de un tal Plan o Proyecto Libertador, el mismo que, en pocas palabras, legaliza el espionaje. El gobierno, asumiéndose estado, es decir, un fulano presidente y sus secuaces, proyectando la idea de que ellos son el Estado Ecuatoriano, y en aras de los mas altos intereses nacionales, institucionalizan un sistema que autoriza sin ningún recato, la intercepción de llamadas, e-mails, “pinchazos” telefónicos, y otra serie de medidas que permiten al “gran hermano” monitorizar a sus hermanitos descarriados, y todo, supuestamente, con miras a combatir lo que ellos llaman, desde su muy particular óptica, corrupción y crimen organizado. En teoría, este proyecto busca atacar la delincuencia. Lo malo del asunto es que si a fulano o mengano de las altas esferas gubernamentales se le ocurre de tildar a algún opositor o a alguien que expresa disenso, como un delincuente, y que sus actitudes son dignas de sospecha criminal, bajo esa argucia, el gobierno ordenará interceptar el teléfono, correspondencia, e-mail, y otros del afortunado ganador de tan honrosa presea. No vivimos en un estado de derecho. Lo sabemos. Por eso, no se puede creer en la transparencia y honestidad de tal Plan Libertador. Solo los necios, los tontos y los fanáticos, pueden ser incapaces de darse cuenta de que dicho plan, no es otra cosa que una pieza más en el engranaje de un sistema de control total, que poco a poco se perfila como un sistema opresor. ¿Quién garantiza que no se va a utilizar este plan más allá de la investigación de crímenes, secuestros, extorsiones, etc.? Ningún ciudadano de a pie, tiene garantías constitucionales ante la intromisión de agentes gubernamentales en su privacidad, pues bastará con que se aduzca que existen “fuertes indicios” de sospecha de actividades criminales por parte de quien es objeto de la investigación, para que, quienes se supone garantizan el cumplimiento de la constitución, no hagan nada, haciendo gala de su ya trillado servilismo, cobardía y pusilánime espíritu revolucionario. Y mientras tanto, los organismos de derechos humanos, muchos de ellos, meros comensales de Carondelet, brillarán por su ya tan afamada incompetencia, impotencia, inoperancia, e incluso, complicidad.


Escucho hablar de organismos adscritos a la Presidencia, que se encargan de monitorizar y evaluar el contenido de los medios de comunicación, para clasificar las notas periodísticas en tres categorías: a favor, en contra, o neutrales respecto al actual régimen. Contratan a una serie de “periodistas” para que, cada uno de estos “periodistas” haga un seguimiento detenido de algún otro periodista o medio escrito, hablado, televisado, radiodifundido o de cualquier índole, que haga mención alguna del gobierno, el Presidente o sus áulicos. En la teoría, lo que se persigue con esto, es saber quien opina, qué opina, cuándo y cómo opina. Dicen que es para “facilitar al presidente Rafael Correa un sistema de valoración permanente de la acción personal e institucional, según los medios de comunicación, con efectos posibles en el electorado.” Así mismo, cuentan que esto se hace para “fortalecer la gobernabilidad” y “reducir los niveles de incertidumbre en la comunicación intergubernamental, (ministerios y entes estatales) centralizar los elementos dispersos de la comunicación, o generar sustentos para ésta.” En otras palabras, en teoría, lo que se pretende, es que todos los que colaboran con el régimen, estén en una misma página, o sea, que no se contradigan unos a otros, sino que todos, canten la misma tonadita al unísono o a capela, pero seguros de que será la misma, en boquita de cada uno de estos esmerados servidores públicos. No obstante, y gracias a esa ausencia de estado de derecho, esas buenas intenciones se quedan en el papel, y gracias a que se conoce bien a nuestra gente, es posible inferir, que lo que se quiere hacer, es simplemente tener bien fichados e identificados a los que simpatizan con el gobierno, así como a quienes no lo hacen, y mas bien lo critican, y lo fiscalizan moralmente. De ésta manera, se tiene bien identificados a los enemigos, sus vínculos, sus conexiones, sus filiaciones, etc.

Escucho hablar de una tal Ley de Comunicación, que en teoría, busca garantizar la libertad de expresión, consagrada en la sábana constitucional que se abortó en Montecristi. Como siempre, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pues lo que se pretende es consagrar la potestad del gobierno, eufemística y perversamente amalgamado en la idea de que gobierno y estado son lo mismo, (ó sea, de un presidente y sus acólitos, que se creen que ellos son el Estado) es quien garantiza la libertad de expresión, irónicamente a través de instituciones y reglamentos que contemplan recursos punitivos, de censura, y de coerción.

Escucho hablar de la ley de reforma al CONARTEL, con la cual, esta instancia burocrática, dentro de poco pasaría, no solo a controlar el uso apropiado de las frecuencias de radio y televisión que el Estado asigna a entes particulares, sino que se convertiría en ente censor de los contenidos y opiniones que se viertan a través de los medios de comunicación, independientemente de si éstos hacen uso de las frecuencias de radio y TV o no. De ésta forma, los medios escritos también pasarían a estar bajo la tutela rectora de una dependencia más del poder central.

Escucho hablar de una nueva ley de Seguridad que en teoría y en la realidad, persigue someter al poder militar al poder civil, de tal suerte que el gobierno, controle de manera mas efectiva y sin visos de golpe de estado, el accionar militar y de “seguridad”. Esto también implica que se hará uso de la fuerza militar para asuntos domésticos de índole política, si el caso lo requiere, y que las argucias de un supuesto riesgo a la seguridad nacional, sustentan una hipótesis de que algún ente opositor está poniendo en riesgo dicha seguridad.

Escucho hablar de una tal Declaración Patrimonial, (comentada aquí, aquí, aquí, aquí y aquí) con la cual, solamente quienes tengan bienes y propiedades valoradas por encima de los US $200.000 dólares, deberán declarar todo cuanto poseen, para de este modo, supuestamente, evitar la evasión de impuestos, y facilitar al fisco el trabajo de correlacionar las posesiones con lo que se declara como tributo por motivo de ingresos. No obstante, es claro que lo que se pretende hacer, con una ley que en lugar de ser general, se vuelve con dedicatoria y solo afecta e involucra a un sector minoritario de la sociedad, es tener bien identificados a los “pelucones” y aplicarles, si el caso “amerita” la constitución en alguno de sus acápites, para, a través de confiscaciones, expropiaciones, chantajes o intimidaciones, someter a ese grupo poblacional a los designios del omnipresente gobierno.

Escucho hablar de todas estas cosas, y lo único que alcanzo a pensar, es que en el Ecuador se está articulando y orquestando de manera sistemática e inexorable, un programa de control absoluto, de corte autoritario y totalitario, en donde los derechos humanos, solo existirán y se respetarán, si así lo dispone el gran jefe.

Veo todas estas cosas, y me convenzo mas, de que aún no hemos tocado fondo (the worst is yet to come!)

Un país que poco a poco, pasa a manos de un grupo de “líderes” secundados y apoyados por una horda de fanáticos, fruto de la falta de educación que los aqueja y hace presa de tales radicalismos, da miedo de verdad. No creo que todo lo que menciono arriba sea mera coincidencia o pura paranoia. Todo esto está fríamente calculado. La historia de la Alemania Nazi, de la Rusia Stalinista, de la China de Mao Tse Tung, la Cambodia de Pol Pot, la Cuba de Castro, parecen no ser simples malos recuerdos, sino mas bien, íconos para que un buen émulo como nuestro gobierno los trate de igualar.